La campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia volvió a quedar bajo la sombra de la ilegalidad. La Fiscalía imputó formalmente a Ricardo Roa Barragán por presuntamente violar los topes de financiación de la campaña Petro Presidente 2022, en un caso que golpea directamente al corazón político del actual Gobierno .
Según la investigación, durante la gerencia de Roa se habrían ejecutado millonarios gastos que no fueron reportados ante el aplicativo Cuentas Claras ni ante el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía sostiene que la campaña superó los límites permitidos tanto en primera como en segunda vuelta, ocultando pagos, contratos, logística, publicidad y movimientos financieros.
El ente acusador detalló que hubo gastos millonarios relacionados con hoteles, vuelos, producción audiovisual, eventos políticos y aportes sindicales que no habrían sido registrados correctamente. Incluso, algunos gastos habrían sido movidos entre vueltas electorales para disfrazar el verdadero manejo de las cuentas.
La imputación contra Roa no es un hecho menor. Se trata del actual presidente de Ecopetrol y uno de los hombres más cercanos a Petro, quien manejó directamente las finanzas de la campaña presidencial que hoy gobierna el país. El caso revive las dudas sobre la transparencia del petrismo y la legalidad de su llegada al poder.
Mientras el Gobierno insiste en hablar de cambio y transparencia, la Fiscalía describe un esquema donde presuntamente se ocultaron gastos y se excedieron los topes electorales fijados por la ley. Un nuevo golpe para una administración que cada vez carga más escándalos alrededor de su campaña y su manejo político.
La pregunta que queda abierta es inevitable: si se comprueba que la campaña violó los límites de financiación, ¿hasta dónde llegarán las responsabilidades dentro del petrismo?
