Fuente: https://apnnoticias.com/
La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría se pronunciaron frente a las denuncias que hizo el exsenador del Pacto Histórico en la Revista Semana.
En días pasados el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los escuderos del actual presidente Gustavo Petro, le dijo a la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, que durante su estancia en el Congreso recibió denuncias de al menos cuatro mujeres de una presunta red que traficaba con sexo a cambio de contratos en el Legislativo y puestos en el Gobierno.
Durante la charla, publicada en todas las plataformas de la revista, Gustavo Bolívar explicó que esa era una de las razones por las cuales el Congreso parecía más una agencia de modelaje que un recinto donde se discuten situaciones problemáticas del país y expiden las leyes.
“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina”, dijo el exsenador y hoy precandidato a la Alcaldía de Bogotá.
Ante la insistencia de la periodista sobre la forma de cómo se enteró de tales afirmaciones, el exsenador aseguró que tiene testigos de lo que afirma: “Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho”.
Cuando en el desarrollo de la entrevista Vicky Dávila le pidió que ahondara en las supuesta red de trata de personas que induce a mujeres ‘bonitas’ a la prostitución a cambio de puestos al interior del Congreso y otras instituciones del Estado, Bolívar explicó: “para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”.
Como es obvio y ante la gravedad de sus denuncias, en la misma entrevista le cuestionaron por qué hasta ahora y luego de salir del Congreso habla sobre el particular y no precisamente ante las autoridades competentes para llegar al fondo del asunto. Gustavo Bolívar señaló que las denuncias realizadas por al menos cuatro de esas mujeres fueron puestas en conocimiento de varias personas, sin dar más detalles.
La Ley protege a quienes denuncian acoso laboral
Luego de la entrevista, muchos de sus excompañeros en el Congreso, incluso de la bancada de Gobierno le han pedido que diga los nombres de los Senadores que han venido ejecutando este tipo de prácticas.
“El problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado. Es terrible lo que pasa con la mujer y no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. El abuso hacia la mujer es bárbaro”, se justificó el exsenador, quien adelantó que ésas y otras infidencias de su paso por el Senado serían narradas en un libro.
A pesar de que las palabras de Gustavo Bolívar pueden parecer sensatas, muchos actores de la política y la opinión pública consideran que son más bien una estrategia publicitaria y politiquera que una intención real de acabar con esas prácticas, pues, la Ley 1010 de 2006 y varias sentencias de las Altas Cortes han establecido parámetros de protección especial para los trabajadores y funcionarios que presenten denuncias formales contra sus superiores o empleadores relacionadas con el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones laborales.
Precisamente, el artículo 11 de la citada normativa estableció dos tipos de garantías “afin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos”. La primera, tiene que ver con la carencia de efectos de “la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente Ley” por un término de los seis meses posteriores a la presentación de la petición o queja.
Este primer presupuesto deja muy mal parado los argumentos de Gustavo Bolívar para mantener silencio respecto de este asunto que él mismo y la sociedad en general considera degradante y abusivo. Más aún, si se tiene en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP 3009-2020: “el objeto principal de la ley de acoso laboral y los bienes protegidos por ella conforme a su artículo 1º, consiste en definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado u ofensivo, en general todo ultraje a la dignidad humana”.
La segunda de estas garantías está relacionada con los organismos del Estado designados para llevar a cabo la investigación y proferir la consecuente sanción. Dice el parágrafo segundo de artículo 11 de la Ley 1010 de 2006: “la formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público”, es decir, quedan sin facultades las dependencias del Congreso para conocer del asunto. En ese sentido, sigue quedando sin piso la supuesta diligencia de Gustavo Bolívar frente al caso concreto y la ‘protección’ que su silencio les brinda a las presuntas víctimas.
Ante órganos competentes tendrá que ampliar las denuncias
Varios congresistas han rechazado de plano las declaraciones de Gustavo Bolívar con mucha razón, pues se dan, como se advirtió más arriba, en un escenario inapropiado. Uno de esos fue la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien a través de su cuenta de Twitter fustigó duramente al escritor y precandidato a la Alcaldía de Bogotá. “Está bajo ataque por no haberlo denunciado, esa era su obligación. Uno no ve esclavismo sexual y se lo calla y lo saca en una entrevista. Se denuncia y actúa, no solo posa”, trinó una de las líderes de la oposición.
La actitud pasiva de Bolívar frente a las denuncias ante él formuladas, también generó la reacción de varios abogados, entre ellos, Daniel Briceño, quien aseguró que interpondrá una denuncia en contra del exsenador por desconocer las obligaciones que la Código Penal les impone a los servidores públicos respecto de situaciones como las que se han ventilado y que son a todas luces delitos de la mayor gravedad.
“Presentaré denuncia penal en contra del exsenador Gustavo Bolívar por haber incurrido en el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia, pues como Senador tuvo conocimiento de la existencia de una presunta red de trata de personas en el Congreso y no denunció.”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado especialista en Derecho Público y a renglón seguido explicó: “El código penal en su artículo 417 establece que si un servidor público tiene conocimiento de un delito que deba investigarse de oficio y no lo denuncia ante las autoridades incurrirán en multa y pérdida del cargo público”.
Sobre el particular también se refirió a través de un comunicado la Fiscalía General de la Nación, entidad que abrió una investigación a fin de determinar la veracidad de las afirmaciones del exsenador y precandidato a la Alcaldía de Bogotá, quien tendrá que ampliar sus denuncias y mostrar las pruebas que dice tener sobre una red que al interior del Legislativo explora sexualmente a mujeres bonitas.
“La investigación se realiza sobre la base de información suministrada por el excongresista recientemente en una entrevista en un medio masivo de comunicación y a través de sus redes sociales. La Fiscalía citará el próximo viernes 13 de enero al señor Gustavo Bolívar”, reza el comunicado publicado por el ente investigador. Bolívar también fue citado a declarar por parte de la Procuraduría.
