Para la Gobernación de Córdoba los bienes que adquirió Alejandro Lyons antes, durante y después de su administración en el Departamento deben formar parte de la reparación por los hechos de corrupción que lo tienen como imputado y con un principio de oportunidad.
La Fiscalía incautó la semana pasada 2 fincas que estaban a nombre de familiares del ex gobernador y que sumaban 112 hectáreas y que abrieron un nuevo capítulo en el proceso contra Alejandro Lyons, uno que podría dejarlo sin los beneficios que le entregaron a cambio de información y de entregar los recursos públicos que aseguró se apropió cuando fue gobernador.
Para la Gobernación los bienes de Lyons, incluso los que adquirió con dinero legal, deben ser sometidos a un proceso de embargo para que el Departamento pueda utilizarlos en los proyectos y convenios que firmó y que nunca se realizaron porque los recursos se repartieron entre contratistas y algunos funcionarios de la administración de Alejandro Lyons.
