Graves denuncias señalan que servidores públicos habrían dejado sus cargos para apoyar campañas, vulnerando la ley y usando recursos oficiales con fines políticos.
En medio de un clima político cada vez más tenso, crecen las denuncias sobre la presunta utilización de la estructura administrativa de la Gobernación para fines proselitistas. Según versiones de varios testigos, altos funcionarios y empleados de planta habrían abandonado temporalmente sus funciones para dedicarse a actividades de campaña política, en abierta contravía de la legislación colombiana sobre inhabilidades e incompatibilidades.
Fuentes cercanas aseguran que, en una reunión privada realizada recientemente, se habrían distribuido tareas políticas entre secretarios de despacho, asesores y personal administrativo. La instrucción habría sido directa: todo servidor público que reciba un salario del Estado debe respaldar activamente a determinados candidatos, incluso participando en eventos fuera del departamento.
Este presunto desvío de funciones genera gran preocupación entre organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, que exigen a los órganos de control actuar con urgencia para esclarecer los hechos. De comprobarse estas conductas, podrían configurarse faltas disciplinarias graves e incluso delitos relacionados con la participación indebida en política. La ciudadanía reclama transparencia y respeto por los recursos públicos en tiempos electorales.
