Luego de que se confirmara la fuga de dos presos de la cárcel Picota de Bogotá este fin de semana, la Contraloría señaló que la situación pone en evidencia graves fallas que han sido detectadas en auditorías realizadas al Inpec.
El ente de control hace énfasis en que parte de las circunstancias que permitieron la fuga tiene que ver con la insuficiencia de personal de vigilancia que está a cargo de los reclusos.
“La auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el Inpec en el 2015 totalizaron hasta 39 mil días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85 por ciento de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia”, señala el organismo en un comunicado.
Lo más grave es que esos permisos incrementaron en el 2016, cuando correspondieron al equivalente a 112 años.
Y es que en el Inpec se cuentan 78 sindicatos, los cuales están constituidos en un 85 por ciento por personal de custodia y vigilancia; es decir, por la fuerza de trabajo fundamental de las cárceles del país.
En ese sentido, la participación de los funcionarios en actividades sindicales y que no tienen que ver directamente con su trabajo afecta la disponibilidad para cumplir con sus tareas.
La Contraloría dice, también, que esa limitación de personal afecta no solo la custodia de los reclusos en los centros penitenciarios sino los desplazamientos a citas médicas y audiencias, así como el seguimiento que debe hacer a quienes están en detención domiciliaria o con otras medidas privativas de la libertad.
Con esto, el órgano de control, indica que en la última evaluación el Inpec obtuvo una calificación desfavorable. La auditoría documentó 33 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tuvieron presunta connotación disciplinaria y motivaron el inicio de una indagación preliminar.
