La gerente de la empresa Sensación, Nairobys Alvarado, cuestionó las actuaciones del gerente Carlos Mario Redondo —ficha política de Carlos Caicedo y Rafael Martínez— por bloquear el acceso a un parqueadero con contrato vigente, desconocer procesos judiciales y usar instalaciones públicas para difundir propaganda política.
Una denuncia contundente pone en el centro del debate la gestión de la Terminal de Transporte de Santa Marta. La gerente de la empresa Sensación, Nairobys Alvarado, acusó públicamente al gerente Carlos Mario Redondo de liderar una serie de acciones autoritarias y politizadas que afectan directamente la operación legal de su compañía y vulneran derechos adquiridos desde hace más de 14 años.
Según Alvarado, la empresa Sensación tiene un contrato de arrendamiento de un parqueadero que fue acondicionado con recursos propios por más de 80 millones de pesos. A pesar de ello, Redondo ha exigido la devolución del espacio sin reconocer la inversión realizada ni esperar el fallo judicial que definirá el caso.
“Esto es acoso político y un irrespeto a la ley”
La empresaria relató que, tras varios intentos de diálogo fallidos, el gerente de la Terminal ordenó bloquear el acceso vehicular al parqueadero, desoyendo propuestas de solución respaldadas por la Personería y la Policía Nacional.
“Esto es acoso político. Hay un contrato vigente y un proceso judicial en curso que deben respetar. Él no puede cerrar el acceso como si estuviera por encima de la ley”, afirmó Alvarado.
Alvarado responsabilizó directamente a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes del movimiento Fuerza Ciudadana, de apadrinar las maniobras de Redondo. A su juicio, se trata de un patrón de presiones políticas que busca someter a quienes no comparten la línea de poder del grupo.
La Terminal, escenario de propaganda política
La gerente también denunció que la Terminal de Transporte, que debería ser un espacio público neutral y funcional, es utilizada para difundir propaganda institucional de la Gobernación del Magdalena y mensajes del movimiento Fuerza Ciudadana a través de los televisores instalados en sus instalaciones.
Este uso político de la infraestructura pública genera preocupación entre usuarios y transportadores, quienes consideran que la Terminal ha sido convertida en una vitrina partidista al servicio de intereses particulares, en lugar de cumplir su función como ente de servicio ciudadano.
Al cierre de su pronunciamiento, Nairobys Alvarado reiteró que este conflicto no solo afecta a su empresa, sino a decenas de familias que dependen de la operación legal del transporte especial en la ciudad.
