Una denuncia ante la Procuraduría expone cómo el gerente del Hospital La Candelaria obligó a empleados a asistir a un acto político de Fuerza Ciudadana, revelando el control político que el movimiento ejerce sobre entidades públicas en el Magdalena.
Fuerza Ciudadana vuelve a estar en el centro de la polémica. Una denuncia disciplinaria con solicitud de suspensión provisional fue radicada ante la Procuraduría Regional del Magdalena contra Afranio Otero Maldonado, gerente del Hospital La Candelaria de El Banco, por presionar a funcionarios y contratistas para asistir a un acto político disfrazado de inauguración de obra pública.
Según la denuncia, Otero Maldonado envió un audio por WhatsApp ordenando la presencia obligatoria del personal —y de un familiar por cada uno— en la inauguración del colegio Santa Teresa de Jesús, el 30 de septiembre de 2025. El evento rindió homenaje a Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes de Fuerza Ciudadana, en medio de la crisis política por la nulidad de la elección de Martínez como gobernador.
En el mensaje, el gerente advierte que la inasistencia podría traer consecuencias, lo que evidencia una práctica de presión laboral y manipulación política al interior de una entidad pública de salud.
Patrón de clientelismo y control político
La denuncia solicita la suspensión inmediata de Otero Maldonado por abuso de poder, constreñimiento laboral y participación indebida en política, conductas que vulneran principios constitucionales. Pero más allá de un caso aislado, este episodio se suma a una cadena de denuncias que exponen cómo Fuerza Ciudadana ha convertido las instituciones del Magdalena en plataformas de movilización política.
Analistas advierten que existe un patrón claro: funcionarios y contratistas son usados como masa de apoyo, mezclando lo público con lo partidista. Lo ocurrido en El Banco pone en evidencia un estilo de gobierno que prioriza la lealtad política sobre la función pública, y que amenaza directamente la neutralidad electoral en el departamento.
Sectores ciudadanos califican estos hechos como una muestra del clientelismo institucional que caracteriza al movimiento naranja, que ha extendido su influencia desde las alcaldías hasta hospitales y colegios, erosionando la independencia administrativa.
