El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), José Félix Lafaurie Rivera, alertó sobre la intención del Gobierno de implementar un mecanismo de expropiación exprés en el Catatumbo, amparándose en la Ley de Conmoción Interior.
Según Lafaurie, el Decreto 108 recientemente expedido por el Gobierno plantea un marco legal que permite el uso de la Ley 1523 de 2012, diseñada para la gestión del riesgo de desastres, con el fin de facilitar la expropiación administrativa con mínimos recursos para los propietarios afectados. “Es increíble que el Gobierno mismo confiese que acude a esta ley porque el procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994 genera demoras. ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender su propiedad”, enfatizó el dirigente gremial.
El Catatumbo: entre la violencia y la economía ilegal
Lafaurie criticó la aplicación de medidas extraordinarias de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres a un contexto de orden público como el que vive el Catatumbo. “No se puede trasplantar una legislación pensada para desastres naturales a una situación de ilegalidad y violencia, donde bandas criminales disputan el control territorial para mantener a la región sometida al cultivo de coca y el narcotráfico”, afirmó.
El presidente de FEDEGÁN advirtió, además, sobre el riesgo de que esta medida se extienda a otras regiones del país si el decreto supera el examen constitucional. En su opinión, la prioridad del Gobierno no debe ser la expropiación de tierras en medio del caos, sino la restauración del orden y la seguridad. “Los 40.000 desplazados de la región no están pidiendo tierras, sino seguridad. Muchos ya poseen terrenos y lo que temen es perderlos”, señaló.
Orden, seguridad y reforma agraria planificada
Lafaurie sostuvo que el Gobierno debe priorizar la restitución del orden y la seguridad de los pobladores, así como la protección de las tierras abandonadas por los desplazados, en riesgo de ser despojadas por grupos ilegales. También señaló que cualquier plan de reforma agraria debe contemplar la dotación de infraestructura, asistencia técnica, crédito y otros elementos fundamentales para garantizar su éxito.
“Si se necesitan tierras para proyectos productivos, allí están las de la coca. No las de los campesinos obligados a sembrarla, que requieren programas de sustitución con mercados reales, sino las de cultivos industriales ilícitos, que pueden ser objeto de extinción de dominio”, agregó el líder gremial.
Finalmente, Lafaurie confirmó que FEDEGÁN seguirá promoviendo la compra directa de tierras en el marco del convenio con el Gobierno Nacional para contribuir a una reforma agraria ordenada y sostenible.
