Decisión judicial suspende empresa de sacerdote Hernando Fajid Álvarez y ordena entregar cementerio a la Diócesis de Santa Marta, en medio de proceso penal y apelación vigente.
El conflicto legal que enfrenta al sacerdote Hernando Fajid Álvarez Yacub con la Diócesis de Santa Marta dio un giro determinante tras un fallo judicial que ordena suspender la empresa mediante la cual el religioso mantenía el control del cementerio San Miguel. La decisión, emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal, dispone además la entrega del camposanto a la Iglesia mientras avanza el proceso penal en su contra.
El juzgado tomó la medida en el marco de una audiencia de restablecimiento del derecho, argumentando la necesidad de frenar una administración cuestionada y evitar que continúen las presuntas irregularidades. Asimismo, ordenó a la Cámara de Comercio registrar la suspensión de la sociedad, lo que deja sin sustento jurídico la estructura que permitía al sacerdote operar el lugar.
Un conflicto que escaló a lo penal
Durante meses, el sacerdote permaneció en el cementerio pese a las órdenes de la Diócesis de abandonar el sitio tras su suspensión. Incluso, continuó ejerciendo funciones religiosas y administrativas, lo que agudizó el enfrentamiento con la autoridad eclesiástica.
El caso tomó mayor gravedad cuando la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones por presunta administración desleal y posibles irregularidades documentales. Este escenario llevó a la intervención judicial que hoy redefine el control del camposanto.
Fallo en pausa, pero con impacto
Aunque la decisión es contundente, su ejecución quedó suspendida tras la apelación presentada por la defensa del sacerdote, a la que también se sumó el Distrito de Santa Marta. Esto implica que, por ahora, el religioso permanece en el lugar mientras un juez de mayor jerarquía revisa el caso.
El proceso avanza hacia una etapa clave en el Juzgado Primero Penal del Circuito, donde se definirán las pruebas que marcarán el rumbo del juicio. Mientras tanto, el fallo representa un golpe significativo que limita el control que el sacerdote ejercía sobre el cementerio y deja en evidencia la dimensión legal, religiosa e institucional del conflicto.
