Aun cuando congresistas, expertos en temas de desarrollo minero-energético, trabajadores del agro y gremios le expresaron al Gobierno Duque las graves consecuencias que traería para el país aprobar el acuerdo de Escazú, el ejecutivo estaría analizando en las próximas horas para radicar el Proyecto de Ley.
Hace dos días un grupo de congresistas de oposición y de extrema izquierda, entre esos Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, presentaron una acción de cumplimiento exigiendo la ratificación y trámite del Acuerdo de Escazú. Absurdo planteamiento jurídico pues recordemos que ese mecanismo es un recurso contemplado en la Constitución Política de Colombia a través del cual los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.
Lo cierto es que en medio del año preelectoral, y lo que será el 2021 en materia política el trámite de iniciativas tan polémicas se ve enredado pues los tiempos no le darían al legislativo. Lo grave está en que el gobierno Duque termine por radicar un Proyecto de Ley que ampliamente fue discutido y rechazado por los efectos sobre la seguridad jurídica.
Lo más preocupante es que la oposición, usando mecanismos constitucionales reservados para la atención inmediata y para remediar la vulneración de derechos, acuda a figuras constitucionales para lograr sus fines. Es el caso de las 16 curules, donde con una tutela rescataron el proyecto de Acto Legislativo, que ahora está en revisión ante la Corte Constitucional.
