Hoy 30 de Septiembre, se discutirá en la Sala Plena de la Corte Constitucional una ponencia que, como revelaron medios de comunicación, busca extender el periodo de la Comisión de la Verdad, fuentes del alto Gobierno dijeron en medios, que el presidente Iván Duque está considerando presentar un proyecto de ley al Congreso en ese mismo sentido.
De acuerdo con las fuentes, el jefe de Estado buscaría que la Comisión, cuyas funciones deberían terminar el 28 de noviembre de este año, tenga vida hasta agosto de 2022.
Según versiones iniciales, Duque tenía listo para firmar un decreto que le daría dos meses más a la entidad extrajudicial para divulgar su informe final, en el que estarán consignados los esclarecimientos de verdad sobre el conflicto armado y las recomendaciones para no repetirlo.
Las fuentes aseguraron que se está estudiando la viabilidad jurídica del decreto. Sin embargo, expresaron que el Presidente “no descarta” que la extensión se dé vía Congreso y por nueve meses más del límite establecido en el acuerdo de paz.
De hecho, en la ponencia que estudiará la Corte Constitucional también se contempla un plazo para la socialización del informe final, que terminaría el 27 de agosto de 2022, es decir, esos mismos nueve meses.
De aprobarse esta ponencia con los votos mayoritarios, el tema del presupuesto para el funcionamiento de la Comisión de la Verdad debe incluir en la ley de presupuesto para 2022, que debe ser aprobada por ley antes de la medianoche del próximo 20 de octubre.
[7:50 a. m., 30/9/2021] Tata👭: Extrema izquierda pretende obligar aprobación de Escazú
Aun cuando congresistas, expertos en temas de desarrollo minero-energético, trabajadores del agro y gremios le expresaron al Gobierno Duque las graves consecuencias que traería para el país aprobar el acuerdo de Escazú, el ejecutivo estaría analizando en las próximas horas para radicar el Proyecto de Ley.
Hace dos días un grupo de congresistas de oposición y de extrema izquierda, entre esos Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Feliciano Valencia, presentaron una acción de cumplimiento exigiendo la ratificación y trámite del Acuerdo de Escazú. Absurdo planteamiento jurídico pues recordemos que ese mecanismo es un recurso contemplado en la Constitución Política de Colombia a través del cual los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.
Lo cierto es que en medio del año preelectoral, y lo que será el 2021 en materia política el trámite de iniciativas tan polémicas se ve enredado pues los tiempos no le darían al legislativo. Lo grave está en que el gobierno Duque termine por radicar un Proyecto de Ley que ampliamente fue discutido y rechazado por los efectos sobre la seguridad jurídica.
Lo más preocupante es que la oposición, usando mecanismos constitucionales reservados para la atención inmediata y para remediar la vulneración de derechos, acuda a figuras constitucionales para lograr sus fines. Es el caso de las 16 curules, donde con una tutela rescataron el proyecto de Acto Legislativo, que ahora está en revisión ante la Corte Constitucional.
