Nuevamente se repetirá el pulso en el Congreso de la República con dos Proyectos de Ley que son una verdadera amenaza para la estabilidad jurídica del país, lo que atentaría en materia grave contra el desarrollo y la nueva infraestructura en el campo colombiano.
Se trata del famoso acuerdo de Escazú, impulsado por la extrema izquierda en Colombia y el Gobierno del Presidente Iván Duque, que cree en un acuerdo que pareciera no se hubieran leído lo suficiente, y el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria, o JEP agraria como lo dijera la Senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.
Han pasado 5 años desde que Colombia le dijo NO al acuerdo con las FARC, y tanto el gobierno nacional, como la oposición siguen trabajando para cumplirle a los llamados “comunes”, con un acuerdo donde el único que se obligó fue el Estado, pues las FARC, ni entregaron las armas, tampoco regresaron a los niños en su poder, no dieron cuenta de los secuestrados y menos de los desaparecidos; no entregaron todos los bienes para reparar a las víctimas y tampoco han pagado ni respondido de los delitos por los que se les señala.
Pero como no importa que las FARC cumpla o no cumpla, lo cierto es que en el Congreso de la República se regresa con Escazú por una parte, que es un tratado internacional que han disfrazado de tratado que defiende el medio ambiente, pero que en realidad es un acuerdo sobre derechos humanos, que crea un nuevo sistema de justicia, con competencia para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia entre otros organismos internacionales a los que podrán acudir los interesados para acusar a Colombia.
Además Escazú, trae una serie de ambigüedades jurídicas que prevalecerán sobre el derecho interno, creando inseguridad, pero además otorgando la posibilidad a los ciudadanos y ONG´s internacionales para a modo de prevención, paralizar obras que algunos consideren pueden afectar el medio ambiente.
Este pacto que no se votó en las conjuntas de Senado y Cámara, Comisión Segunda, entró en vigencia el pasado 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, luego de que 12 países lo ratificaran, mientras que en Colombia se hundió, para fortuna de la estabilidad jurídica.
El otro proyecto que vuelve a jugar es el de la llamada JEP agraria que no se votó en Senado para su segundo debate y por tránsito de Legislatura se hundió; este Proyecto de Ley que impulsa la izquierda y la extrema izquierda, que tiene el apoyo del Gobierno Duque, crea una jurisdicción agraria, cuando en Colombia ya está en la Ordinaria, que debería fortalecerse y no crear más de 300 nuevos cargos que tendrían un costo de 417 millones de pesos, según comunicación del Ministerio de Hacienda, en momentos en que el hueco fiscal es más grande con el pasar de los días.
No deja de ser curioso, que estas dos iniciativas que atentan contra la estabilidad jurídica y que demandan de grandes cantidades de dinero que no tenemos, sean impulsadas por los partidos de oposición, que se lo pasan hablando de austeridad y lucha contra el gasto burocrático.
