La Procuraduría General de Colombia cuestionó el manejo que se le ha dado al proyecto de rescate del fondo del mar del galeón español San José, hundido por corsarios ingleses en el siglo XVIII en cercanías de Cartagena de Indias
«Nosotros hemos manifestado nuestra inconformidad (…) en relación con un proceso que se está dando en el marco de un proceso electoral», dijo a periodistas el procurador general, Fernando Carrillo en alusión al rescate del pecio.
Recordó que la ley de garantías electorales no permite al Gobierno hacer contratos seis meses antes de las elecciones, como las presidenciales que se celebrarán en Colombia el 27 de mayo.
El Ministerio de Cultura informó el mes pasado de «la intención» de adjudicar el contrato de rescate del galeón a la firma Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG «si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto» y fijó el 24 de abril como plazo máximo para la presentación de nuevas propuestas.
Sin embargo, el pasado lunes amplió hasta el 25 de mayo, es decir dos días antes de las elecciones, el plazo para el cierre de la Alianza Público Privada, APP, que se encargará del rescate del San José.
Carrillo destacó que uno de los elementos que se debe tener en cuenta, y que «es fundamental, es que hay respetar la ley de garantías que de alguna manera inhabilita cualquier tipo de contratación del Estado en ésta época».
El procurador se mostró además partidario de «escuchar las voces de la comunidad internacional» en especial a la Unesco, que es el organismo que preserva el patrimonio mundial.
LA DISPUTA
Desde el anuncio del hallazgo del navío, el 4 de diciembre de 2015, han surgido disputas entre España y Colombia por la titularidad del galeón, ya que el Gobierno español aduce que la Unesco le ampara pues se trata de un «barco de Estado».
EFE.
