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En el bajo Cauca antioqueño Fiscalía da incio a primera gran ofensiva judicial contra el crimen organizado

En las diligencias fueron recuperadas tierras para reparar a las víctimas del conflicto armado

En los primeros cuatro días de acciones investigativas y operativas, la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del CTI, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, capturó a 67 personas por concierto para delinquir, corrupción, delitos ambientales, homicidios, extorsiones y otros hechos criminales.

El incremento de diversas formas de criminalidad que afectan la tranquilidad, la seguridad ciudadana, los dineros públicos y los recursos naturales en el Bajo Cauca Antioqueño, que se manifestó en la tasa de homicidio en el año corrido de 151%. Por ello, en desarrollo de una nueva metodología de abordaje judicial en zona dealta criminalidad, la Fiscalía implantó en esta región de Antioquia. Se trata de una estrategia interinstitucional para ubicar, capturar y judicializar a los principales cabecillas, y atacar sus finanzas ilegales,
cuya planeación duro 3 meses y una operatividad que vincula, por primera vez, a todas las unidades del ejércitonte acusador.

Luego de un minucioso análisis sobre las diversas problemáticas detectadas, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha una ofensiva sostenida sin precedentes y con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, que permitió la intervención simultánea de varios municipios en el norte y nordeste del departamento, y la región del Bajo Cauca, con alta presencia del Clan del Golfo, los Caparrapos, el ELN y disidencias.

Las labores investigativas y operativas coordinadas por 17 fiscales seccionales y de las direcciones especializadas de Anticorrupción, Crimen Organizado, Derechos Humanos,  la Unidad Especial de Investigación y Justicia Transicional, han permitido hasta el momento la captura de 67 personas en Medellín, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Ituango y Cáceres.

Entre los detenidos están: el alcalde electo de El Bagre, exfuncionarios de la Personería
de Nechí, tres policías, integrantes del denominado Clan del Golfo, otras estructuras criminales y personas dedicadas a la minería ilegal.

Durante las diligencias han sido incautados más de 4.000 cartuchos de diferentes calibres, 70 granadas de mortero, 6 armas de fuego, y equipos de comunicaciones y de cómputo.

Asimismo, el personal de policía judicial y los grupos operativos intervinieron complejos de extracción ilegal de oro, destruyendo 3 retroexcavadoras y 13 motobombas.
Entre los diversos resultados también sobresale el esclarecimiento del homicidio de un líder social en Ituango (Antioquia) y la ocupación de tierras para reparar a víctimas de los grupos paramilitares, cuyo valor comercial supera los $20.000’000.000 (veinte mil millones de pesos).

Crimen organizado.

El 16 de enero de 2018, en Peque (Antioquia), fueron asesinados Ansel Montoya y Vilman Asprilla, exintegrantes de las desmovilizadas Farc.

La Dirección Seccional Antioquia y la Unidad Especial de Investigación asumieron el caso y establecieron que el crimen fue cometido por la subestructura occidente del Clan del Golfo.

Al esclarecer los hechos, la Fiscalía identificó a cada uno de los integrantes de esta organización criminal en esta zona de Antioquia, que sería la responsable de extorsiones, asesinatos y otros delitos, por lo que se obtuvieron 20 órdenes de captura contra los señalados cabecillas alias Cuadros y Brayan, así como a varios de sus subalternos.

Durante la ofensiva se han hecho efectivas 10 detenciones, entre ellas la de Juan David Bedoya Arango, alias el Sobri o Jonatan, quien según los testimonios y evidencias sería sobrino de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo.

Esta persona, al parecer, era el jefe financiero encargado del pago de la nómina,
compra de armas y munición, material de intendencia y recolección de dineros producto de la extorsión y el tráfico local de estupefacientes.

A los capturados les fueron incautado dinero en efectivo y celulares, y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por concierto para delinquir agravado.

En Ituango (Antioquia) fue capturada Mary Luz George Úsuga, compañera sentimental de alias Román, jefe de las disidencias de los frente 18 y 36 de las desmovilizadas Farc que delinquen en Yarumal, Campamento, Toledo, Ituango y San Andrés de Cuerquia.

En ese mismo municipio fue capturado el soldado del Ejército Nacional Janio Rojas Pajoi, quien habría entregado información a los grupos residuales de la región y detalles sobre los movimientos tácticos y operativos de las tropas a cambio de dinero.

Contra la estructura de crimen organizado denominada Caparrapos, los grupos operativos realizaron varias diligencias en las veredas Bejuquillo y Jardín de Tamaná, en Cáceres. En los allanamientos fueron incautados 3.032 cartuchos para fusil, 70 granadas de mortero y 2 armas de corto alcance.

Bolsillos de Cristal

Angel Mesa Castro, alcalde de El bagre (Antioquia) fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

El material recopilado vincularía al mandatario a supuestas irregularidades en la celebración de un contrato para la prestación del alumbrado público y cuyo valor ascendía a $5.441’146.638 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y un millones, ciento
cuarenta y seis mil seiscientos treinta y ocho pesos).

El fiscal de conocimiento demostró que el contrato comprometía vigencias futuras a 20 años y acarreaba sobrecostos del 300% a los sectores residenciales y comerciales de la población. Las indagaciones evidenciaron que los estudios de factibilidad y de necesidad no fueron idóneos y que la unión temporal con la que se firmó el convenio no contaba con el respaldo financiero ni certificaba la experiencia necesaria.

Juan Camilo Hernández Jaramillo y Leidy Mena Peñalosa, exfuncionarios de la Personería de Nechí, habrían creado una red para hacer pasar como víctimas a varias personas que no tenían esa calidad, con el propósito de que recibieran ilegalmente ayudas económicas del Estado. Los auxilios ascendían a $1’800.000 mensuales (un millón ochocientos mil pesos) y los exfuncionarios exigían el 60% de cada subsidio recibido por cada persona beneficiada.

La Fiscalía estableció que las supuestas víctimas no eran de la zona y, al parecer, eran llevadas desde Medellín y otras poblaciones del Valle de Aburrá, con gastos de transporte y alimentación para que se inscribieran.

En Caucasia, la Policía Nacional capturó a los patrulleros Duván Alexis Hernández Zapata, Andrés Ibarra Ibarra y Edwin Emilio Aguirre San Martín, integrantes del

Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Los uniformados son señalados de ingresar a una vivienda, retener a los residentes y apoderarse de joyas y $20’000.000 en efectivo (veinte millones de pesos). Los hechos investigados habrían ocurrido el 1 de febrero del año en curso.

Los funcionarios serán judicializados por los delitos de: peculado por uso, secuestro simple, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, y hurto calificado y agravado.

Esclarecido crimen de líder social

El Juzgado Promiscuo Municipal del Ituango (Antioquia) acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yinir de Jesús Areiza Orrego y Danny Alejandro Zapata, como presuntos responsables del homicidio de Juan Esteban López Mazo, líder social y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Camelia Baja.

A los procesados se les imputaron cargos por homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Los hechos investigados ocurrieron en el corregimiento Santa Rita, en Ituango (Antioquia), el 21 de junio del año en curso. De acuerdo con el material probatorio, la víctima fue baleada en su propia vivienda por dos hombres que se movilizaban en moto. Tres horas después, la Policía Nacional retuvo a dos personas que portaban un arma de fuego, las llaves de una motocicleta, el teléfono celular de la víctima y $6’000.000 en efectivo (seis millones de pesos).

En su momento los dos detenidos fueron judicializados por porte ilegal de armas y ahora, luego de recopilar suficiente material probatorio, la Fiscalía los imputó por el crimen del líder social, por lo que seguirán recluidos en centro carcelario.

Lucha contra la minería ilegal

En el corregimiento de Puerto Antioquia, en Tarazá (Antioquia), 17 personas dedicadas a la minería ilegal y contaminación de recursos naturales fueron capturadas en flagrancia. En las diligencias se destruyeron dos retroexcavadoras y ocho motobombas

Otras 12 capturas se cumplieron en la vereda Rio Man, en Cáceres (Antioquia) por extracción ilegal de oro. En el lugar los grupos del Ejército Nacional y la Policía Nacional destruyeron una retroexcavadora y cinco motobombas.

A los 29 capturados se les imputaron cargos por explotación ilícita de yacimiento minero y daños a los recursos naturales.

Recuperación de tierras

Otro frente de la gran ofensiva contra el crimen en Antioquia estuvo orientado a recuperar terrenos y bienes que habrían sido arrebatados por los grupos paramilitares a campesinos o fueron entregados por los diferentes postulados de Justicia y Paz para reparar a las víctimas del conflicto armado.

En Tarazá y Cáceres los investigadores de la Fiscalía ocuparon las fincas La Luna, La Teresita, Santa Helena – Portugal y San Nicolás, cuya extensión supera las 1.100 hectáreas y su valor comercial supera los $5.320’000.000 (cinco mil trescientos veinte millones de pesos). Estas propiedades estaban a cargo de exintegrantes de bloques mineros y central Bolívar de las desmovilizadas autodefensas.

24 apartamentos ubicados en el edificio Las Palmas, en Tarazá, también fueron ocupados en los procedimientos. Las inmuebles estaban a nombre de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, máximo cabecilla del Bloque Mineros de las extintas autodefensas.

Finalmente, en la vereda Nueva Esperanza, en Tierra Alta (Córdoba), fue recuperada la finca La Macarena. El predio tiene una extensión de 1.209 hectáreas, su valor comercial alcanza a los $14.700’000.000 (catorce mil setecientos millones de pesos) y fue restituida por el Bloque Héroes de Tolová de las autodefensas.

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