El pronunciamiento se dio en la alocución de ayer, en medio de la escalada de ataques en el suroccidente del país, donde un atentado con cilindro bomba dejó 20 civiles muertos y reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad del Gobierno.
En medio de una creciente ola de violencia en el suroccidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró en su alocución de ayer que “no hay un caos de seguridad” en el país, una afirmación que ha generado fuertes críticas tras los recientes atentados registrados en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
El hecho más grave ocurrió en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un ataque con cilindro bomba dejó 20 civiles muertos, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las víctimas, 15 mujeres y 5 hombres, evidencian la magnitud de una tragedia que ha conmocionado al país.
A este atentado se suma una serie de acciones violentas durante el fin de semana en distintos municipios del Cauca, como Mercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto y Guachené, lo que refleja una ofensiva simultánea de grupos armados ilegales en la región.
Pese a este panorama, el mandatario comparó la situación actual con la vivida antes del acuerdo de La Habana con las FARC y durante gobiernos anteriores, insistiendo en que no existe un deterioro significativo del orden público. Sin embargo, distintos sectores han cuestionado esta lectura, señalando que la magnitud y coordinación de los ataques recientes no tiene precedentes cercanos.
El propio Gobierno ha reconocido la presencia de estructuras criminales como las disidencias de alias “Iván Mordisco”, a las que ha calificado como organizaciones narcoterroristas. No obstante, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se mantiene abierta la posibilidad de diálogo, lo que ha generado debate sobre la efectividad de la estrategia de seguridad.
Para analistas en materia de orden público, la actual situación evidencia una expansión territorial de estos grupos armados y un incremento en su capacidad operativa, lo que representa un desafío crítico para el Estado.
Mientras desde el Gobierno se insiste en que no existe una crisis de seguridad, en las regiones más afectadas la percepción es distinta: comunidades enteras viven bajo temor constante, en medio de una escalada violenta que vuelve a poner en el centro del debate la respuesta institucional frente al terrorismo.
