La Personería Distrital lideró hoy una mesa interinstitucional en Cantilito para abordar el vertimiento de aguas residuales al río Manzanares, en medio de una emergencia sanitaria con impactos ambientales, riesgos para la salud pública y amenaza de deslizamientos.
La Personería Distrital encendió las alarmas ante la grave situación ambiental y sanitaria que enfrenta el barrio Cantilito, luego de recibir múltiples denuncias de líderes comunitarios sobre el vertimiento constante de aguas residuales al río Manzanares. Esta problemática, que se ha intensificado en las últimas semanas, está generando un impacto negativo en el entorno, con malos olores persistentes, proliferación de vectores y un riesgo latente para la salud pública.
De acuerdo con la entidad, la descarga de aguas sin tratamiento no solo deteriora el ecosistema del afluente, sino que también compromete la calidad de vida de los habitantes del sector, quienes han manifestado su preocupación por posibles enfermedades y afectaciones ambientales irreversibles.
Riesgo ambiental y sanitario en aumento
A este panorama se suma una situación de alto riesgo estructural. Una vivienda cercana al área afectada presenta condiciones críticas debido a procesos de erosión y posibles deslizamientos, lo que ha llevado a solicitar la intervención urgente de la Oficina de Gestión del Riesgo. Las autoridades advierten que, de no actuar de manera inmediata, podrían registrarse emergencias mayores que pondrían en peligro la integridad de las familias.
Mesa interinstitucional busca soluciones urgentes
Frente a este escenario, la Personería convocó a una mesa de trabajo interinstitucional que se llevó a cabo este martes 14 de abril a las 9:00 de la mañana en el sector de la calle canal de Cantilito. El objetivo principal fue coordinar acciones inmediatas que permitan mitigar la problemática.
Durante el encuentro se evaluará la capacidad operativa de la EBAR Cantilito, se definirán medidas urgentes y se estructurará un plan de acción concreto que garantice soluciones efectivas, así como la protección de los derechos fundamentales de la comunidad afectada.
