Por Hatem Dasuky, Periodista, exdiplomático.
Gustavo Petro convirtió el servicio exterior en un escenario de populismo diplomático, donde prima la improvisación, el cálculo político y la protección de sus aliados cercanos. Lo que debería ser una cancillería al servicio de los intereses nacionales terminó reducida a un fortín de poder personal.
En las últimas horas se conoció públicamente que el gobierno de Colombia le solicitó de manera oficial, utilizando los sagrados canales de la diplomacia, al gobierno de Nicaragúa que le otorgaran la residencia en ese país al prófugo de la justicia Carlos Ramón González, viejo compañero de guerrilla del presidente. Le otorgaron asilo pólitico de inmediato asegurándole su impunidad.
Desde su llegada al poder, Petro convirtió al Ministerio de Relaciones Exteriores en un instrumento de agitación ideológica. En lugar de tender puentes con aliados estratégicos como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, eligió acercarse al régimen de Nicolás Maduro, rompiendo el equilibrio que durante décadas había caracterizado la diplomacia colombiana. La Cancillería, en vez de proyectar estabilidad y confianza, terminó siendo utilizada como tribuna para discursos internos y peleas externas.
Lo más grave es el uso del servicio exterior como refugio para amigos investigados y cuestionados. Lejos de ser un espacio internacional estratégico, se convirtió en un botín de nombramientos diplomáticos para proteger aliados de los estrados judiciales y de la presión mediática. Consulados y embajadas dejaron de estar reservados para expertos en relaciones internacionales y se transformaron en premios de lealtad política.
El populismo de Petro no solo se manifiesta en el ámbito interno, sino que lo exportó. Cada intervención en foros internacionales se volvió un acto de propaganda, cargada de frases de choque pero vacía de contenido real. La imagen del país pasó a depender de las improvisaciones presidenciales, las plantadas a altas autoridades y los incumplimientos de las agendas por sus “perdidas”, con un costo directo en la reputación de Colombia ante el mundo.
Pero el daño no solo es hacia afuera. Al interior, la Cancillería viene sufriendo permanentes ataques institucionales, cuestionado el régimen de la carrera diplomática, argumentando que lo legitimo es que “un hijo de obrero” pueda ser embajador y por supuesto que sí está preparado para ello y cumple los méritos, tiene ese derecho como cualquier colombiano, sin embargo, esta visión ha llevado a nombramientos polémicos de personas sin la experiencia ni los estudios, ni la idoneidad, erosionando la base profesional del cuerpo diplomático, por lo que le han “tumbado” 45 nombramientos en cargos diplomáticos.
Mientras abrimos embajadas innecesarias y nos acercamos a gobiernos autoritarios, deterioramos la relación con socios históricos y con organismos multilaterales. La Cancillería, en vez de ser un motor de cooperación y confianza, hoy está atrapada en la telaraña de intereses políticos y favores personales que dejó de ser la casa sagrada de la política exterior para convertirse en una sucursal política de Palacio, un lugar donde se pagan favores burocráticos, mientras Petro juega a ser el líder de la izquierda latinoamericana.
