Según el ente de control, ‘Doña Juana’ estaría en funcionamiento hasta el 2025.
Luego de realizarse la mesa de trabajo convocada por la Procuraduría General de la Nación, para el seguimiento de la operación del relleno sanitario “Doña Juana”, el Ministerio Público advirtió que a menos de dos años de que se cumpla el tiempo de “vida útil” estipulado por las autoridades ambientales, se desconoce el plan de trabajo hasta julio de 2025, fecha en la que supuestamente el relleno dejaría de estar disponible para cubrir el derecho a saneamiento básico de los bogotanos.
El ente de control expresó que, si bien el Distrito expresó que para octubre 2023 tiene previsto presentar una solicitud de modificación en la licencia ambiental para la habilitación de una nueva área que permita disponer y gestionar residuos sólidos por un término entre 5 a 7 años adicionales, se debe trabajar en una solución inmediata a la inminente problemática que va a suponer que el relleno no esté disponible para la ciudad de Bogotá, independientemente al cambio de esquema y al nuevo modelo de gestión de residuos sólidos que plantea el Distrito Capital.
La Procuraduría también precisó que, es preocupante el incumplimiento de 17 de los 30 indicadores de seguimiento a la licencia ambiental y de los parámetros de vertimientos, sumado a que las fórmulas de actualización tarifaria, asociadas a estas obligaciones, no han tenido un impacto real en la ejecución e implementación en las medidas de manejo ambiental.
Así mismo, durante la reunión, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, hizo un llamado a la articulación de todos los actores, referenciando que es inconsecuente que existan dos solicitudes de modificación de licencia ambiental sobre la misma área y proyecto, una radicada por el Distrito Capital y otra por el operador Consorcio CGR Doña Juana.
Finalmente, el ente de control instó a la CAR Cundinamarca a realizar un exhaustivo control, como autoridad encargada del seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental; requiriendo también al Distrito, al operador y a la interventoría, una mesa de trabajo inmediata de carácter técnico y jurídico, para definir la hoja de ruta a corto plazo, que permita tener claridad ambiental y contractual sobre el futuro del del manejo de residuos sólidos en la capital del país.
