Por: Manuel Torres Lopera Twitter: @matorres38
Sobre la brecha de la justicia en la meta 16.3 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plasmó: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Es decir, la necesidad de promover justicia para todos sin dejar a nadie atrás.
A partir de este llamado, se puede definir la brecha de justicia como la cantidad de gente que buscando resolver un problema justiciable, no encuentra acceso a un sistema que imparta justicia.
La brecha, centrada en las experiencias de la gente buscando resolver sus problemas, incorpora una gran diversidad de situaciones: conflictos con vecinos, problemas con la policía, dificultades para recibir un beneficio del gobierno al que se tiene derecho, problemas por la custodia de un menor, problemas laborales como un despido injustificado, problemas de tenencia de una propiedad o tierra, o problemas con caseros, por mencionar los más comunes.
Otros tipos de problemas son de la índole penal, como ser víctima de un delito patrimonial o de violencia. Un grupo importante de personas dentro de la brecha son aquellos excluidos de las oportunidades que la ley ofrece, aquellos que no tienen documentos de identidad legal, de tenencia de la tierra o de su vivienda o que trabajan en la informalidad.
En la región de América Latina la falta de acceso a la justicia desde la dimensión de las oportunidades que la ley provee. En muchos casos, una persona no puede acceder a la justicia porque carece de ciertas herramientas básicas para hacer cumplir sus derechos.
Por ejemplo, una persona que no puede acceder a un beneficio o programa provisto por el gobierno carece de un documento de identidad. La ONU estima que el mundo hay 1.1 mil millones de personas sin documento de identidad, de los cuales aproximadamente 30 millones en América Latina.
Según Alejandro Ponce Jefe de investigación del World Justice Project manifiesta “Que el desarrollo tecnológico va a facilitar el acceso a la justicia de diferentes maneras.
Primero, la tecnología puede ayudar a la gente a tener un mayor acceso a información relevante para resolver sus problemas. El acceso a la información permite que la gente conozca mejor sus derechos, asegurando así un mayor acceso a la justicia.
Un mayor acceso a la información también permite a la gente resolver sus conflictos sin la necesidad de acudir a un abogado o a la corte. Esto ayuda ahorrarles tiempo a las personas además de disminuir la carga administrativa de las cortes o juzgados.
Segundo, Algunos de estos avances incluyen las denuncias criminales virtuales o la asesoría de especialistas en temas legales que de otra manera podrían implicar un alto costo en traslados.
Tercero, la tecnología puede ayudar a las instituciones encargadas de resolver los problemas a tener procesos más eficientes, evitando que haya cuellos de botella y que las decisiones sean más expeditas. Por ejemplo, los expedientes electrónicos y los sistemas digitales pueden ayudar a los juzgados a reducir los tiempos del proceso”.
Es importante resaltar que el acceso a la justicia para la gente más vulnerable hay ciertos motivos por el cual es imposible acceder, el dinero para pagar los servicios de un abogado y un largo tiempo para resolver una disputa que también genera un alto costo económico. La tecnología puede ayudar de gran manera facilitar el acceso de la justicia a los menos favorecidos.
