La capital del Magdalena ha sido en reiteradas oportunidades nombrada como una de las mayor riesgo de corrupción administrativa, sin embargo para el concejo de Santa Marta, dicha situación parece pasar inadvertida y prevalecen más los intereses políticos y personales que la defensa de los impuestos de los samarios.
Hace pocos días, la contraloría general de la república, publicó una resolución donde señalaba una serie de obras con presuntos indicios de corrupción y las calificó como de impacto nacional, una situación nunca antes vista en la ciudad de Santa Marta y en la que están comprometidos más de 45 mil millones de pesos.
Desde el concejo de Santa Marta, no se ha visto un pronunciamiento conjunto por parte de sus miembros, lo que si se ha visto es como de manera armónica trabajan por hacer mayorías que elijan contralores y personeros a través acuerdos que claramente benefician al movimiento político que gobierna la ciudad hace 10 años.
En teoría, le dejaron el control fiscal al amigo de la administración para que los actos de corrupción que son denunciados por la propia ciudadanía, se queden en los anaqueles del olvido.Para hablar de algunas obras, deberiamos hacer mención del “famoso” centro del adulto mayor que recien se “recibió” pero que aún no entra en funcionamiento y se cae literalmente a pedazos.
El concejal Jaime Linero, sacaba pecho de esa obra, pues dice que se debe al acuerdo que presentó ante el concejo, sin embargo, no se la ha visto interponiendo las denuncias ante la “contraloría” o haciendo debates para que se conozca como una obra “nueva” tenga tantos problemas de construcción.
Pero tambien hay que precisar unas obras en las que fueron invertidos alrededor de 15 mil millones de pesos. Entre ellas tenemos el CDI de Bonda y Ciudad equidad, instalaciones que en la actualidad no existen y que a juicio de las comunidades e investigaciones periodísticas, los recursos allí invertidos literalmente se los robaron.
Ocurre algo particular con la sala SIES, fueron 7 mil millones que costó la obra, para lo cual le entregaron sin recato alguno al contratista (ESU) 5 mil millones de pesos solo con la firma del acta de inicio, pero lo más grave es que habría motivado falsamente la necesidad de la construcción.
Hoy la sala SIES, no funciona a pesar de la inauguración que se hizo el año pasado después de múltiples aplazamientos.
Varios de los veteranos concejales de Santa Marta, como Jaime Linero, Carlos Pinedo Cuello, Juan Ruiz, Efraín Lozano, Iván Saravia, Carlos Mejía (dueño de la curul del concejal Beto Socarras), entre otros, fueron votantes de los planes de desarrollo de Carlos Caicedo y Rafael Martínez. El primero dijo que “primero eran los niños” y el segundo señaló “Santa Marta ciudad del Buen Vivir”.
Lo que refleja entonces, es que ninguno de los planes de desarrollo que votaron los concejales no reflejan ni lo uno ni lo otro, pues, el CDI al que se le robaron 7 mil millones de pesos, dejó en el abandono a más de 2 mil niños y la Sala SIES que bien podría servir para combatir la criminalidad es literalmente un cascaron.
Lo que se preguntan los samarios, es como los concejales de la ciudad manifiestan que trabajan por el bienestar del pueblo, si sus acciones parecen conectar más con la corrupción rampante que con sus funciones constitucionales como son las de hacerle control político a la administración y al buen manejo del presupuesto que ellos mismos aprueban.Pero todo queda en evidencia cuando le eligen de contralor al abogado de Caicedo y Virna Johnson, cuando eligen de presidente al cuñado de Caicedo, cuando en sus debates le echan la culpa hasta al gobierno nacional de la inseguridad en Santa Marta, pero no cuestionan o ponen en conocimiento de los organos de control las obras siniestradas, inconclusas o llenas de corrupción producto del detrimento patrimonial.
Los samarios deberán seguir viendo como éstos concejales se perpetúan en el poder, pues es un secreto a voces que la repartición electoral de la administración pública es puesta al servicio de los concejales para que se reelijan sin pudor, todo con la mirada impávida hacia la corrupción de un modelo de gobierno que empobrece, hace mendigos a los más humildes, pero toma a un nuevo grupo de rico y/o empresarios que crece como la nueva clase pudiente de la ciudad.
Solo se espera que la gallardía del concejo se haga presente y que no tenga de referente el refrán que implantaron de manera criminal en la gente “roban pero hacen”, para que los recursos públicos sean puestos de maners eficiente y efectiva en beneficio de los samarios.
