A pocos días de la segunda vuelta presidencial, crecen las preocupaciones por posibles presiones sobre los votantes en diferentes zonas del país. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que integrantes de las Farc estarían ejerciendo control social sobre comunidades mediante reuniones, listados de ciudadanos y procesos de carnetización que, según advirtió, podrían influir en la libertad del voto.
La mandataria aseguró que la amenaza ya no se manifiesta únicamente a través de acciones armadas, sino mediante mecanismos de presión sobre la población en territorios donde la presencia estatal sigue siendo limitada.
Las denuncias generan preocupación porque ocurren en la recta final de una campaña presidencial marcada por la polarización y por las alertas sobre posibles riesgos para la transparencia electoral en algunas regiones del país.
Ante la situación, la Gobernación anunció el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública y la activación de estrategias especiales de vigilancia para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin presiones ni intimidaciones.
Las alertas también se extienden a otros departamentos del sur del país, donde líderes y autoridades han advertido sobre la influencia de grupos armados ilegales en comunidades rurales. Mientras se acerca la jornada electoral, crecen los llamados para que las autoridades nacionales garanticen que el voto sea libre y que ningún actor ilegal interfiera en la decisión de los colombianos.
