El nuevo festivo nacional del 9 de julio, creado recientemente por el Congreso y sancionado por el Gobierno, ya enfrenta una batalla jurídica que podría poner en duda su permanencia en el calendario colombiano.
La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que declaró como día festivo la celebración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. El demandante sostiene que la medida podría vulnerar el principio de Estado laico consagrado en la Constitución, al otorgar un reconocimiento oficial y exclusivo a una figura de carácter religioso.
Además del debate sobre la separación entre Iglesia y Estado, la acción judicial advierte sobre los impactos económicos que tendría la creación de un nuevo día de descanso obligatorio para entidades públicas y empresas privadas. Según la demanda, la medida genera mayores costos laborales, altera la planeación de turnos y afecta la productividad de distintos sectores económicos.
Otro de los cuestionamientos apunta al trámite legislativo. El ciudadano asegura que la creación del festivo no hacía parte del proyecto original presentado en el Congreso y que fue incorporada durante las etapas finales de discusión en el Senado.
La ley fue sancionada el pasado 1 de junio de 2026 y establece que la conmemoración se celebrará cada 9 de julio. Sin embargo, por efecto de la Ley Emiliani, este año el descanso se trasladará al lunes 13 de julio, creando un nuevo puente festivo para los colombianos.
Mientras la Corte Constitucional estudia el caso, la norma continuará vigente. Por ahora, los colombianos podrán disfrutar del nuevo día festivo, aunque su continuidad a partir de 2027 dependerá de la decisión que adopte el alto tribunal.
La controversia abre nuevamente el debate sobre el papel de las tradiciones religiosas dentro de las instituciones del Estado y sobre el impacto económico que tiene para el país la creación de nuevos festivos nacionales.
