La denuncia interpuesta por el Gobernador electo del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira Danilo Villafaña ante el gobernador Carlos Caicedo, dan fe de la manera totalmente irregular en la que pretende operar, frente a un gremio que no le corresponde.
De forma urgente, Villafaña tramitará ante el Consejo de Estado una acción de Nulidad al registro por parte del Ministerio del Interior como Cabildo Gobernador Arhuaco del Magdalena y La Guajira al Señor Zarwawiko Torres Torres, debido a que no fue elegido por ninguna
autoridad del cabildo.
El llamado es para que se restablezcan los derechos a la autonomía, al ejercicio del Gobierno propio, a la libre determinación de estos, a elegir en libertad a sus representantes y a la diversidad
cultural de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Solicitamos que cese de manera inmediata la interferencia de la Gobernación del Magdalena en los asuntos internos de los pueblos indígenas.” manifestó Danilo en un comunicado pues estos actos pretenciosos del señor Carlos Caicedo están muy por fuera de lo que debe ser, están vulnerando los derechos de esta población indígena.
” Exigimos al Presidente Iván Duque y a la Ministra del Interior, Alicia Arango, intervenir de forma URGENTE para que se corrijan estas irregularidades” afirmó Danilo para que se le dé manejo, antes de establecer cualquier tipo de contrato con el señor Zarwawiko, dando paso a más acciones fraudulentas.
Caicedo se reúne con indígenas del Cauca para apoyar la minga y abandona a los Arhuacos de la Sierra
Ante las graves denuncias de los máximos líderes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el gobernador Carlos Caicedo, parece estar más interesado en asuntos de orden político para generar “shows” mediáticos que solucionar la problemática social de la comunidad arhuaca.
Recientemente, en el despacho del gobernador estuvieron miembros del comité nacional de la ONIC, en donde dijo respaldar las luchas sociales lideradas por la comunidad indígena a propósito de la minga que se avecinaba, sin embargo todo esto contradice sus acciones por la forma intervencionista que ejerce de manera ilegal en los asuntos internos de una población que representa a más de 10 mil indígenas asentados en distintos sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
