El 13 de junio la Jurisdicción Especial para la Paz convocó a una audiencia pública en la cual se analizarán los criterios de priorización que se dará a los informes entregados por el Estado, por organizaciones de víctimas, y otras vinculadas a la sociedad civil y a la protección de los Derechos Humanos
La audiencia pública se realizará en la sede del tribunal de Justicia Transicional, ubicada en la carrera 7 No. 63-44, a partir de las 8 de la mañana y será liderada por los integrantes de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.
En la reunión podrán participar víctimas, comunidades étnicas y organizaciones de derechos humanos, así como las instituciones y ciudadanía en general, las cuales podrán hacer sus aportes por escrito en el correo electrónico [email protected] o en físico en la sede de la entidad, hasta el próximo 15 de junio.
La Sala de Reconocimiento solicitó a quienes quieran participar que hagan sus aportes con base en el anteproyecto de criterios y metodología de casos que está disponible en la página web de la JEP.
Hasta el momento el tribunal de la JEP adelanta el estudio de los informes que ha presentado la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, los cuales son cruzados y comparados con los documentos que han aportado organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos como Credhos, Corporación Reiniciar, Grupo de Víctimas del Nogal y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras.
La tarea de unificar los casos es de vital importancia para el tribunal de la JEP para establecer la magnitud de la tragedia que tuvieron que sufrir millones de colombianos quienes fueron víctimas del conflicto armado, para llegar a la verdad, establecer responsabilidades, tanto por parte de los exguerrilleros como por parte de agentes del Estados, así como para determinar indemnizaciones y reparaciones a los afectados.
La Sala de Reconocimiento de Verdad convoca a la audiencia pública con base en las facultades que le da el artículo 7 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y que posibilita a la JEP aplicar criterios de priorización «elaborados a partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad en los mismos».
