La Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, registró que el año 2020 no solo ha golpeado al gremio por la crisis de la pandemia generada por la Covid-19, sino que ha tenido que enfrentar las agresiones y amenazas desde todos los ángulos del poder legal e ilegal.
La prensa colombiana en particular, ha sido agredida por su trabajo de reporteria en el marco de las movilizaciones sociales en donde los protagonistas fueron miembros del ESMAD, hecho que fue denunciado y rechazado por la fundación para la libertad de prensa-FLIP.
De la misma manera, la sociedad Interamericana de prensa registró los seguimientos y perfilamientos realizados por el ejército nacional en contra de un número importante de periodistas y defensores de derechos humanos. También como desde la Alcaldía de Medellín se contrató con una firma especializada para hacer un seguimiento en redes sociales a los periodistas críticos de la administración municipal, con la disponibilidad de recursos públicos para tal fin.
La SIP, también hizo énfasis en la situación de amenazas de muerte que le hicieron a los periodistas Lina María Peña Peña, Victor Rodríguez, Victor Polo, Cipriano López Janica, Aristides Herrera, Yannis Moscote, Polo Diazgranados y al abogado Miguel Martinez, a través de un panfleto en el que le otorgaban 48 horas para salir del país.
Que una organización de suma importancia para la defensa de la prensa en el mundo haya registrado los casos de amenazas en contra del periodismo samario, es una situación inédita para Santa Marta y el Magdalena, pues en la historia del departamento estos hechos o actos criminales no son normales, lo que genera una alerta para la labor de los periodistas que denuncian la corrupción.
Las autoridades tanto administrativas como judiciales y policiales deben garantizar el libre ejercicio del periodismo como pilar de la democracia y el contrapoder.
