La alcaldesa Virna Lizi Jhonson también le otorgó a una fundación católica, creada por religiosos católicos del Seminario, un contrató para el desarrollo pedagógico de los estudiantes de la IED San Francisco Javier, la cual cubre a los niños vulnerables del sector de Garagoa y Timayuí.
Se trata de un contrato por la suma de 1.800 millones de pesos suscrito con la Fundación San José, creada por los religiosos católicos del Seminario, cuyos principales benefactores son los Vives, propietarios del periódico El Informador, quienes, al construir la Urbanización Garagoa, donaron el terreno y adelantaron una campaña para la construcción del colegio, cuyo objetivo es ducar a los niños vulnerables de todo ese sector marginado de la ciudad, incluyendo el barrio Timayuí.
La firma de este contrato por parte de la alcaldesa Johnson no llamara tanto la atención, si desde la alcaldía y la gobernación, no sé hubiera adelantado la semana pasada de manera alevosa y rastrera una campaña de descrédito al alcalde de Ciénaga Luís Tete Samper por haber otorgado un contrató similar y por el mismo valor a otra fundación religiosa pero de origen cristiano, donde aparece como representante legal la pastora Yuritza Del Castillo, lo que evidencia una doble moral de parte de todos quienes han ocupado la alcaldía de Santa Marta por parte del movimiento Fuerza Ciudadana.
En este contrato la alcaldesa Johnson le otorga la suma de 1.800 millones 893 mil pesos a la Fundación San José, representada legalmente por la hermana Alicia Mercedes de Fátima Valencia Vives, para qué en el término de 310 días a partir del 21 de febrero ejecute la “promoción e implementación de estrategia de desarrollo pedagógico con iglesias y confesiones religiosas en la IED San Francisco Javier conforme a la sección 5 Articulo 2.3.1.3.5.1 del Decreto 1851 de 2015”.
El contrato establece a las claras que debe ejecutarse durante el calendario Escolar de 2020, y se otorgó sin que se hubiera previsto el inició de la pandemia Covid19, precisamente en los mismos días en que el Ministerio de Educación decidió la suspensión de las Clases, por lo que existen dudas del cumplimiento de este, ya que el objetó contractual demandaba la realización de actividades presenciales.
