Fuente: https://apnnoticias.com/
El recrudecimiento de las acciones violentas de grupos armados al margen de la ley ha provocado el desplazamiento de 11 mandatarios de seis departamentos. Aseguran que no vuelven a sus despachos porque temen por sus vidas.
A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro lleva casi un año hablando de ‘Paz total’, anunciando ceses al fuego y acercamientos con grupos armados ilegales, la realidad que se vive en los territorios es bastante diferente, pues, no solamente se ve afectada la población civil, muchas veces atrapada en fuego cruzado, como han reportado los medios de comunicación, sino también, los alcaldes de algunos municipios donde la única ley que impera es la de las armas de la insurgencia.
Se conoció recientemente, que al menos 11 mandatarios locales en seis departamentos han tenido que abandonar sus territorios y ejercer sus funciones administrativas desde otros lugares, buscando preservar su vida.
Según las denuncias, fueron desplazados de sus territorios por acciones intimidatorias de varios grupos armados ilegales los alcaldes de los municipios de Río Iro, San José del Palmar, Sipí y Bagadó en el Chocó; Tarazá y El Bagre, en Antioquia; Tibú y La Playa, en Norte de Santander; Magüí Payán, en Nariño; Puerto Guzmán, en Putumayo; Cartagena del Chairá, en Caquetá, y Villeta, en Cundinamarca.
Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá, uno de los tantos mandatarios que ahora despacha desde Bogotá, fue enfático en que la difícil situación de orden público ha dificultado el cumplimiento de sus funciones administrativas y provocado una total desconexión con los habitantes de su municipio.
“Gobernar desde el exilio es muy complejo para nosotros como mandatarios que fuimos elegidos para estar en los territorios, para estar con la comunidad. Es triste como alcalde que no pueda estar en el municipio debido a las situaciones de orden público, a no tener garantizado el ejercicio de seguridad para poder garantizarle a mis electores la gobernabilidad”, manifestó Molina con tristeza.
Grupos ilegales son los que inauguran obras
También se refirió sobre el particular Nelson Leal, burgomaestre de Tibú, quien asegura que no es posible volver al territorio porque los grupos que operan en la zona y que hoy inauguran las obras que él gestionó, planeó y ejecutó, pueden entender su regreso como un reto a la autoridad paralela que ahora ejercen.
Ante la difícil situación de orden público, Aníbal Gaviria, envió un mensaje de contundente al Gobierno Nacional en torno lo poco efectivas que han sido las políticas estatales puestas en marcha para alcanzar la ‘Paz total’ y las evidencias que existen del aprovechamiento de ese espacio de tiempo para aumentar sus actividades ilegales y fortalecer estructuras militares.
“La paz total tiene enormes vacíos, la paz total ha demostrado que tiene falencias que están aprovechando los grupos al margen de la ley para eso, para incrementar sus actividades ilegales y expandirse en los territorios, para aumentar el reclutamiento de menores y el reclutamiento en general. Eso es lo que sentimos en los territorios, lo escuchamos en todos los departamentos: hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido, en gran medida, producto de esas falencias de esos vacíos a partir del primero de enero de la paz total», señaló el Gobernador de Antioquia.
FND le hace seguimiento a la problemática
Un estudio recientemente publicado por la Federación Nacional de Departamentos demuestra que muy a pesar de la ‘estructuración y ejecución’ del Plan de Campaña Conjunto Ayacucho, por parte del Comando General de las Fuerzas Militares tendiente a la prevención y disminución de los crímenes de alto impacto, las cifras registradas por la entidad, ponen de presente el fracaso de esa estrategia integral de seguridad.
“La realidad es que las cifras demuestran un escenario distinto, con índices de homicidios masivos altos, la ocurrencia de delitos que se habían disminuido en años anteriores como es el caso de la extorsión, el secuestro, el desplazamiento, entre otros”, dice en uno de los apartes del documento liberado recientemente.
El asunto se torna aún más preocupante, si se tiene en cuenta que las palabras de Aníbal Gaviria fueron ratificadas recientemente por todos los gobernadores en la más reciente sesión de la FND, teniendo como sustento las estadísticas reportadas en el terreno.
“[Los hechos violentos] fue uno de los puntos que los gobernadores resaltaron el pasado 5 de junio en el marco del encuentro de seguridad nacional al que asistieron los comandantes de policía de los 32 Departamentos y representantes de la cúpula militar y de Policía. Lo anterior ha sido confirmado con base en las cifras oficiales que lidera la Cartera del Ministerio de Defensa en su informe de seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales del primer trimestre de 2023, en el que se encuentra el comparativo de los últimos diez años”, explica el estudio.
Delitos contra la libertad individual
También, detalla el documento, que los reportes hechos hasta ahora evidencias que se han incrementado alarmantemente los delitos contra la libertad individual, en contraste con la disminución en las incautaciones de drogas, no obstante, a que se ha hecho pública desde el Gobierno Nacional modificaciones en aras de mejorar y hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico.
Más adelante, explica el estudio que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, confirmó que desde diciembre de 2022 a marzo de 2023, fueron desplazadas de sus territorios 7.900 personas y otras 17.500 permanecen confinadas confinadas por cuenta de los enfrentamientos entre grupos y los paros armados, con el agravante de que el 50% de los afectados pertenecen a comunidades afrocolombianas o resguardos indígenas.
Otra de las entidades que ha denunciado la escalada de la violencia en el país es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la cual confirmó la ejecución por parte de actores armados ilegales de 29 masacres: 13 de éstas verificadas y otras 16 en proceso de verificación. Informaron además, que los asesinatos se cometieron en su mayoría en los departamentos de la región del Caribe y Antioquia.
Sobre las masacres verificadas, establecieron que fueron “asesinadas 44 personas (10 mujeres, 12 jóvenes y 5 niños y niñas). Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo emitió diez alertas tempranas en 35 municipios de los departamentos de: Cauca, Guainía, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y el Tolima relacionadas con riesgos para la seguridad”.
