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Así lo confirmó Carlos Camargo quien instó al Gobierno a implementar acciones en el menor tiempo posible. El funcionario ratificó la vinculación de estructuras o grupos armados ilegales en las invasiones.
Un total de 108 casos de incursión ilegal en predios privados en 26 municipios del país confirmó la Defensoría del Pueblo. Las alarmas están puestas en 10 departamentos, se trata de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada.
“La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, dijo el funcionario al presentar el resultado del monitoreo sobre esta situación que ha liderado la entidad en las distintas regiones del país.
Lo más preocupante del panorama, es lo que ya venía denunciando el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el director General de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, y se trata de la incursión de grupos armados que estarían promoviendo las invasiones de tierras.
“De los 108 casos identificados por la Defensoría del Pueblo, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad”, confirmó el Defensor del Pueblo.
Sumado a ello, se logró evidenciar que alrededor de 6000 familias están ocupando los terrenos a lo largo y ancho de la geografía nacional.
“Llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, subrayó Camargo.
Causas
Para la entidad, son dos los aspectos que están relacionados con la ocupación de tierras. En primer lugar, comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen acceso a un terreno y reclaman el derecho progresivo a la propiedad. Este tipo de situaciones se viene presentando en predios que se consideran improductivos como son bienes baldíos o fiscales patrimoniales, además, de aquellos predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
“La segunda causa está relacionada con las ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esta última situación se registra en mayor medida en los departamentos de Cauca y Vichada”, manifestó Camargo.
Sin embargo, en departamentos como Guainía y Huila las incursiones están asociadas a la necesidad de las comunidades de acceder a un terreno para construir una vivienda propia, resultado del déficit habitacional que se presenta en los departamentos; mientras que, en la región de Urabá, los casos de ocupaciones están vinculados a procesos de restitución de tierras.
“Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos, para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social”, concluyó el Defensor del Pueblo que reiteró la importancia de realizar un diálogo directo con las comunidades para buscar salidas en el menor tiempo posible.
El informe fue entregado durante el primer Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social.
