Redacción: Anii Segrera
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, compareció ante la Plenaria de la Cámara de Representantes en un debate de control político, donde fue cuestionado por presuntas irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad y la movilización de integrantes de grupos armados al margen de la ley. La polémica surgió tras un reciente incidente en Antioquia, donde disidentes de las FARC, algunos con órdenes de captura vigentes, fueron sorprendidos transportando armas, municiones, oro y dinero en vehículos oficiales de la UNP.
Rodríguez, al responder las críticas, reconoció que personas vinculadas a grupos ilegales están siendo movilizadas en vehículos oficiales, tal como lo permite la Ley de ‘Paz Total’, que faculta al Presidente para negociar con dichos grupos. Según el director, los voceros designados por los grupos armados para los diálogos de paz deben ser protegidos por la UNP, en cumplimiento de las normativas aprobadas por el Congreso.
“Ustedes aprobaron la Ley que me ordena proteger a los voceros de estos procesos de paz. Esos voceros, aunque sean delincuentes, han hecho una pausa en su accionar criminal, y yo cumplo con lo que la ley me ordena”, afirmó Rodríguez, dirigiéndose a los congresistas, particularmente a los del Centro Democrático y Cambio Radical.
El funcionario también señaló que algunos de los recursos incautados en manos de los disidentes, como los 99 millones de pesos encontrados, provienen de economías ilegales, pero insistió en que su función es garantizar la seguridad de los implicados mientras se desarrollan los procesos de paz en curso.
