El país político empieza a librar un nuevo debate, esta vez propuesto por el expresidente Álvaro Uribe, en el marco de la visita que recibió en Ríonegro – Antioquia, de la llamada Comisión de la Verdad, donde el exmandatario expresó que en Colombia se necesita de una amnistía general.
Y es que esta idea nace del tratamiento injusto (asimétrico) en Colombia de la justicia, donde los violadores, asesinos, secuestradores y narcotraficantes terminan con una curul en el Congreso, mientras personajes como Daneidy Barrera Rojas “Epa Colombia”, que tiene porque haber sido condenada a cinco años de cárcel por el Tribunal de Bogotá, por instigación para delinquir con fines terroristas, estará en una cárcel efectiva, pagando por el daño causado al sistema TransMilenio.
Dijo el expresidente Uribe; “No tengo exactamente el modelo, pero creo que la asimetría en el tratamiento judicial así la exige”, le dijo el expresidente a Blu Radio, y recordó que la ley de justicia y paz se les aplicó a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, pero que después se le aplicó impunidad “total” a las FARC y no se permite corregir eso.
Una vez el expresidente Uribe propuso ese debate sobre la amnistía, salió Gustavo Petro, beneficiado por las amnistías en Colombia, cuando hacía parte de la guerrilla terrorista del M-19 a coincidir con la idea de Uribe.
“El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz de las sociedades. Pero antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”, afirmó Petro.
A su turno la precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, fue categórica en decir que esa amnistía entre otras cosas lograría un enorme ahorro a los Colombianos, porque instituciones creadas por las FARC y el Gobierno Santos, pudieran desaparecer, pues para qué la JEP y la Comisión de la Verdad, que cuestan casi medio billón de pesos, si igual los comparecientes como las FARC, han quedado en la impunidad.
“Todos los politiqueros cacarean sobre la imposibilidad de una amnistía general. Como si hoy la JEP no hubiera ya otorgado impunidad absoluta a las FARC. Deberíamos abrir el debate”, afirmó la legisladora.
Ya veremos si Colombia avanza hacia la idea de una amnistía general, pues mientras un ladrón de bicicletas, termina en una cárcel pagando de manera efectiva por su crimen, violadores de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se convierten en ilustres políticos a los que no se les llama guerrilleros, sino “doctores”.
Seguro si toda la plata que invierten en esa justicia cuestionada como la JEP, se la dieran a las víctimas, avanzaríamos.
En el decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se asignó a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP una partida presupuestal en gastos de funcionamiento por valor de $211.590.800.000 y otra para los gastos de inversión por valor de $119.157.487.686. ¿Por qué no pensamos en esa amnistía y le ahorramos a los ciudadanos estos miles de millones?
Será que sí avanzamos en esa amnistía general, le quitamos millones de pesos a los corruptos y a la izquierda que usa instituciones como la JEP y la Comisión de la verdad, para deconstruir la verdad e inventar una realidad paralela, donde los asesinos son los buenos y las Fuerzas Armadas los malos de su historia inventada.
Solo la Comisión de la Verdad nos cuesta entre funcionamiento e inversión para el año 2021, $116.992.092.190. Para que algunos integrantes afines a las ideas de las FARC, reescriban la historia desde la perspectiva de los victimarios.
Hoy tiene más garantías un guerrillero, que una víctima que no ha recibido, verdad y menos reparación. La víctima en la calle pide le reparen por el daño hecho, mientras los responsables de las atrocidades gozan de impunidad y dictan las leyes de un país que parece haber perdido todo sentido de la ética y la moral en la política.
