Brasil arrasó en la encuesta anual del diario El País en la que participaron 386 periodistas.Luan, figura de Gremio campeón de la Copa Libertadores, se consagró como el mejor jugador de 2017, mientras que el galardón para el entrenador cayó en Tite, al frente de la Selección brasileña rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Luan, de 24 años, obtuvo el 49,46% y le sacó 117 votos de diferencia a Paolo Guerrero, de Flamengo (17,66%), mientras que su compañero Arthur quedó tercero (12,5%).
En la Copa Libertadores, el atacante marcó ocho goles y uno de ellos en la final ante Lanús para sellar la obtención del título. Además anotó nueve tantos en 32 partidos disputados en el Brasileirao. Su gran momento lo hizo ser partícipe de la convocatoria de Tite para vestir la camiseta de Brasil en el triunfo por 2-0 ante Ecuador por Eliminatorias.
El entrenador de la Verdeamarelha fue el otro gran destacado en la tradicional elección del diario El País al superar a dos argentinos: Ricardo Gareca (25,27%) y Ariel Holan (14,40%). Su seleccionado arrasó en la clasificación rumbo a Rusia y fue el primero del sur del continente americano en sellar su pasaje al Mundial.
Tite tomó el mando de Brasil en la séptima fecha de las Eliminatorias, en septiembre de 2016, con el equipo en el sexto puesto. Desde entonces dirigió 17 partidos y sólo perdió un amistoso frente a Argentina. Actualmente, la Verdeamarelha es uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo en 2018.
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Por: Rafael Nieto LoaizaEl Consejo de Estado hizo lo que le ordena la Constitución, revisar si el decreto expedido por el Gobierno sobre el salario mínimo se ajustaba a lo que la Carta y la ley ordenan. No podía hacer menos ni nada distinto. Hubiera prevaricado.No se trataba entonces de que el alto tribunal hiciera evaluaciones económicas, consideraciones políticas o cálculos sobre el impacto electoral de su decisión. No puede. No solo no es su tarea sino que si lo hiciera iría contra lo que la Constitución le ordena, desbordaría sus funciones y se politizaría, politización que sería, junto con la corrupción de sus miembros, lo peor que puede ocurrirle a un tribunal.En democracia, las tareas, derechos y obligaciones de las instituciones y los funcionarios públicos son regladas. Es la esencia del Estado de Derecho. Instituciones y funcionarios no pueden hacer lo que se les antoje. Su radio de acción está claramente definido por las normas jurídicas y su ámbito de libertad es inverso al de los ciudadanos: si nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido, los funcionarios públicos solo puede hacer lo que les está expresamente permitido.De manera que el Consejo de Estado hizo lo que debía, revisar las acciones de nulidad interpuestas contra el decreto gubernamental y fallar en derecho. Al estudiar el decreto encontró que el monto del aumento fue caprichoso, no se ciñó a los criterios establecidos en el artículo 8 de la ley 278 de 1996 y violó los precedentes constitucionales.El gobierno pretende reemplazar esos criterios objetivos legales por la idea de un “salario vital” que justificaría su aumento. Ocurre que ese criterio no está ni en la Constitución ni en la ley. Ellas no hablan de "salario vital”. La referencia en la Constitución, art. 53, a una “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a calidad y calidad del trabajo” es enunciativa y su contenido está por definirse. Tampoco el decreto argumenta porque la cifra que establece constituiría un “salario vital” ni nadie explica porque en los años anteriores de este gobierno no se usó esa pauta y ahora sí debe usarse.Ahora, si el Gobierno cree que los criterios de ley para establecer el salario mínimo son inconstitucionales, debe demandarla en la Constitucional. Lo que no puede hacer es saltarse la ley y la consecuente decisión del Consejo de Estado. No es a Petro quien le corresponde determinar que norma es o no inconstitucional. Y tampoco puede escoger que sentencia cumple. A su pesar, esta sigue siendo una democracia, con división de las distintas ramas del poder púbico y un sistema de frenos y contrapesos institucionales.De manera que en lugar de asustarse con la decisión del Consejo de Estado (que, por cierto, ya había anulado un decreto sobre salario mínimo en 2017 porque Santos no había justificado adecuadamente el porcentaje escogido y el alto tribunal consideró, miren ustedes, que era muy bajo) debemos apoyarlo y defender su autonomía e independencia. Dejarlo solo es irresponsable y debilita las instituciones. Lo que ha hecho el Consejo de Estado merece aplauso y es un antecedente vital para el sistema democrático porque reitera que ni este ni gobiernos futuros pueden actuar caprichosa o arbitrariamente, siempre deben sustentar suficientemente sus decisiones y respetar la ley y la Constitución.En cambio, sí debe censurarse y repudiarse la reacción de Petro. Irrespeta y sabotea al Consejo de Estado, sugiere desconocer su sentencia, pretende convertir una decisión jurídica en un conflicto político, amenaza con un "enfrentamiento social”, una vez más pone en peligro la división de poderes y busca subordinar y someter a los jueces.No hay que olvidar que Petro actuó por puro cálculo electoral, por conveniencia politiquera. El aumento del salario mínimo se hizo contra la ley y contra todo criterio técnico y con el único propósito de ganar unos votos en las elecciones. Es tan absurdo que estaba 8 puntos por encima del 16% que pedían los sindicatos para empezar a negociar.Todo este problema lo ocasionó Petro y seguiremos pagando las temibles consecuencias: la inflación subió 1,18% en enero, la más alta en 25 años; muchas empresas quebraron; el desempleo y la informalidad empeoraron. Aunque se haya suspendido el decreto, ese daño está hecho y no tiene reversa.