El contrato de más de 1.000 millones de pesos no habría cumplido con los términos adecuados, según el órgano de control.
La Procuraduría General de la Nación ha emitido un pliego de cargos contra la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, y la exdirectora de Contratación de la alcaldía, Greysi Ávila Campo, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de internet para 106 instituciones educativas oficiales durante la pandemia del covid-19. Este contrato, por un valor de 1.041 millones de pesos, se realizó en el marco de la emergencia sanitaria para garantizar la continuidad educativa mediante clases virtuales.
El contrato también incluyó la implementación de un servicio de radio enlace terrestre para 16 colegios públicos ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, áreas rurales con acceso limitado a la conectividad. Sin embargo, según el ente de control, las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno Nacional, que impedían el acceso presencial de los estudiantes a las sedes educativas, habrían hecho innecesaria la ejecución del contrato en los términos originalmente pactados.
La Procuraduría argumenta que la modificación del contrato, realizada para permitir que los estudiantes recibieran el servicio de internet desde sus hogares, no consideró adecuadamente las condiciones conocidas sobre la infraestructura de las instituciones y la viabilidad de ofrecer el servicio en dichas zonas. Según el informe del órgano de control, esta omisión puso en riesgo la efectiva prestación del servicio educativo en términos de calidad y oportunidad, comprometiendo los objetivos del contrato. Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades de los implicados.
