Como la mayoría de analistas políticos del Perú y de todo el continente, el gobierno del presidente recién posesionado del país Inca ha resultado ser el desastre esperado. Con solo una semana como primer mandatario, el congreso ya lo tiene en la mira, y se augura que correrá la misma suerte que los últimos 4 presidentes de país, quienes no terminaron sus mandatos y fueron destituidos. Con sus primeras decisiones, en especial con el nombramiento de un gabinete ministerial cuestionado, no parece que Castillo Terrones alcance a cumplir 5 años en la presidencia.
El Profesor, quien se caracterizó en la campaña por no hacer propuestas concretas, por no tener un discurso medianamente estructurado y más bien construirlo con generalidades -incluso cometiendo graves errores en sus declaraciones y entrevistas- le está dando la razón a aquellos que sostuvieron que no sabría cómo llevaría a cabo su trabajo y sus desaciertos no tardaron mucho: Este jueves juramentó como presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido Ugarte, quien con 41 años, no ha tenido experiencia en cargos públicos y que, peor aún, cuenta con dos investigaciones vigentes por apología al terrorismo.
En la cartera de relaciones Internacionales nombró a Héctor Bejar quien es fundador del movimiento guerrillero peruano Ejército de Liberación Nacional (Eln) y quien se ha mostrado a favor de algunas políticas en Venezuela y Cuba. Detenido en 1966 y tras casi cinco años preso, Béjar fue indultado por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, de quien pasó a ser colaborador.
Juan Manuel Carrasco, ministro del interior es investigado por la fiscalía por presuntas incompatibilidades con el cargo. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, tiene vínculos con líderes radicales de sindicatos, y quien fuera nombrado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, tiene multas de tránsito, y denuncias por agresión física a su expareja.
Esto agrava la situación de fuga de capitales que vive Perú ante la perspectiva de un Gobierno que no respete los mecanismos de mercado, que grave el patrimonio de las personas o limite las posibilidades de que se pueda sacar el capital del país, que ya se ha visto en medio de otros gobiernos progresistas en América latina. En la juramentación de ministros, Castillo no designó las carteras de Justicia ni Economía.
En el Perú, no se descarta que estos nombramientos apunten a una “estrategia” que busca provocar al congreso para que este no del voto de confianza al gabinete, lo que termine por cerrar el parlamento y gobernar por medio de decretos de urgencia, lo que generaría una grave crisis política, que terminara en el detrimento de las instituciones democráticas. Una práctica común en los gobiernos progresistas.
