domingo , noviembre 18 2018
Inicio / Editorial / Opinión / (OPINIÓN) El sub júdice

(OPINIÓN) El sub júdice

Por Rubén Peña Noriega

@Rubenpe_62

Se trata de uno de los ejemplos más aberrantes de la inoperancia e ineficiencia de la justicia colombiana, la cual, en 16 años no ha logrado resolver la situación jurídica de uno de los principales sindicados de la autoría intelectual de los tres asesinatos más visibles que se perpetraron en el inicio del mal denominado proyecto de “Refundación”  de la Universidad del Magdalena.

Durante ese, no muy corto tiempo, ni fiscales ni jueces ni mucho menos procuradores, han podido adoptar una decisión definitiva en torno a la situación judicial del entonces rector del alma mater, Carlos Eduardo Caicedo Omar, acusado por líderes sindicales y familiares de las víctimas de “planear y mandar a ejecutar” el asesinato de sus  deudos.

A Carlos Caicedo Omar, la Fiscalía le inició varios procesos con base en versiones, testimonios, declaraciones y  confesiones de ex paramilitares ante Justicia y Paz y Derechos Humanos, que lo comprometen seriamente como “determinador” de los asesinatos del estudiante de la Universidad del Magdalena Hugo Elías Maduro, del Vicerrector Julio Otero Muñoz, y el Decano de Educación Roque Morelli Zárate, cometidos en los años 2000, 2001 y 2002.

Desde la última fecha para acá han transcurrido 16 años en los que el citado ex rector y quien hoy funge como máximo dirigente ‘plenipotenciario’ de su propio movimiento político (Fuerza Ciudadana), se ha mantenido sub judice, tiempo en el que, para quienes conocen la historia de este caso, saben que él ha tenido que emprender todo un recorrido tormentoso por despachos judiciales, que a su vez le ha servido para afinar su capacidad de convencimiento, de relacionista público y de hacerse ver en Bogotá como, mártir, víctima, perseguido por la vieja clase política del Magdalena, manchada por demás por un pasado oscuro.

Precisamente, este 5 de septiembre, Roque Morelli Zárate, llega a los 16 años de su fallecimiento. Maduró cumplió el 26 de mayo pasado 18 y Otero el 14 del mismo mes, 17 años, de muertos.

En todos los casos la Fiscalía logró resolver la autoría material de los crímenes, que al final terminaron atribuyéndoselos los paramilitares al mando de Hernán Giraldo Serna y en todos los procesos hubo capturas y condenas; pero misteriosamente no se ha podido determinar la autoría intelectual de los mismos, que es lo que han venido reclamando durante esos 16 años los familiares de las víctimas y la comunidad universidad.

En el caso de Maduro de los dos sindicados como autores materiales, uno, Luis Carlos López Castro (conductor de la motocicleta),  se acogió a sentencia anticipada y el otro, Helmer Said Hincapié De la Cruz, (sicario) fue condenado a 330 meses (27.5 años)  de prisión, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado también cuestionado José Leonidas Bustos Martínez, en la que se echó a tierra la sentencia de segunda instancia del 31 de julio de 2009 del Tribunal Superior del distrito Judicial de Santa Marta   que absolvía al asesino Hincapié y se confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Especializado de Santa Marta en contra del citado sicario.

En este proceso, extrañamente se obvió las sindicaciones hechas por familiares de maduro en contra del presunto autor intelectual, al que señalaron como determinador de ese crimen en el nombre de Carlos Caicedo, por las denuncias que el fallecido había hecho ante la procuraduría sobre presuntas irregularidades al interior de la Universidad del Magdalena y las amenazas que por ello había recibido del entonces rector.

Sobre el asesinato del Vicerrector Otero se entregaron distintas versiones y casi que se volvió una competencia entre vinculados a Justicia y Paz por atribuirse ese asesinato con tal de obtener beneficios judiciales; algunas de esas versiones se torcieron, tras misteriosamente conocerse el llamado a indagatoria del ex rector. Versiones contradictorias que han permitido dilatar el proceso y extender las investigaciones hasta la fecha sin que se haya resuelto nada.

En el caso del Decano Morelli, hoy se encuentra libre como testigo protegido el entonces escolta del rector conocido como “El Manco” Ariza, quien fue condenado como autor material de ese crimen y quien precisamente en días pasados anunció revelar información que comprometen seriamente al ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo.

LA “CULEBRA” ESTÁ VIVA   

Lo único que todavía les da una esperanza jurídica a los familiares de estas víctimas de la Universidad del Magdalena es que los procesos, que fueron compilados en uno solo, todavía siguen abiertos.

Y aunque ha sido evidente la manera dilatoria como ha transitado este proceso por los estrados judiciales, también es evidente que tanto la Fiscalía como la Procuraduría le han puesto últimamente especial atención a resolver la petición de los familiares de las víctimas, consistente en conocer la ‘verdad’ sobre la autoría intelectual de esos asesinato, cometidos en la Universidad del Magdalena durante la rectoría de Carlos Caicedo Omar; única época en la que el alma mater vivó actos delictivos tan delicados.

Familiares de Maduro y Morelli aseguran que precisamente esa “culebra” está viva, porque ellos han persistido en que los hechos se aclaren y que se castigue al determinador como una forma de hacer justicia plena en memoria de quienes lo dieron todo por la Universidad del Magdalena a costas de sus vidas.

Pero hay algo que los inquieta, la manera como según dicen, se ha acudido a todo tipo de artimañas para dilatar el proceso, que incluyen intentos de engavetarlo, presunto soborno a testigos y funcionarios judiciales, el manejo de influencias a nivel de altas esferas políticas, entre otras.

El proceso ha dado vueltas por casi todos los despachos judiciales de la fiscalía, ha estado en Derechos Humanos y en Justicia y Paz; 10 fiscales han tenido en sus manos las investigaciones contra Caicedo, algunos han logrado avanzar en el tema pero otros aparentemente se han “dormido en sus laureles”, con qué propósito o bajo qué influencias?, tampoco se ha podido establecer.

Con fecha 15 de agosto de 2018, (ver facsímil) el procurador 363 Judicial II Penal de Bogotá Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, le hizo llegar un oficio bajo la Referencia AE 7895 Rad 832 (065) al doctor Alejandro Pereira Aldana, funcionario del Grupo de Agencias Especiales de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales de la Procuraduría General de la Nación, en el cual se señala que la situación jurídica de Caicedo aún “está por resolverse de fondo” y a manera de informe “solicita se designe un Fiscal que asuma definitivamente la actuación con la finalidad de impartir celeridad a la actuación”.

Ese informe del Procurador Judicial asegura que “En relación con el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar las decisiones de fondo han sido: su vinculación inicial en etapa preliminar rindiendo versión libre, luego formalmente se decreta la apertura de instrucción y viene siendo escuchado en diligencia de indagatoria, estando pendiente aún su culminación, al igual que el recaudo de algunas pruebas decretadas por el delegado fiscal, y de fondo está por resolverse la situación jurídica de esta persona, resaltándose como ya se puntualizó, que el proceso está en la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá para desatar el recurso de apelación en la forma como ya se reseñó”. En otras palabra la misma táctica dilatoria.

En el mismo informe, el procurador se dice así mismo que “he estado atento al desarrollo de la actuación, misma en la que no se han emitido decisiones de fondo, diferentes a atender las peticiones probatorias y de nulidad de la defensa, al igual que la del sindicado que solicitó se tuviera como situación jurídica lo tratado en un comité técnico jurídico, reunión en la cual, según él, se decidió que no era necesario imponer medida de aseguramiento en su contra, frente a estos puntos, vale decir, lo decidido por la delegada fiscal, como quiera que se encontró que actuó acorde a derecho, no se encontró necesario allegar memorial alguno”.

El proceso contra Caicedo radicado con el número 065, según el Procurador, no tiene asignación de Fiscal, por cuanto que los cambios que ha venido implementando la Fiscalía General de la Nación, primero desapareció la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, habiendo adscrito la mayoría de despachos a la Dirección Nacional Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos; segundo, el Fiscal 120, doctor Martín Antonio Moreno Sanjuan, quien estaba al frente del proceso contra Caicedo fue trasladado a la Unidad de Justicia Transicional. Mientras, el expediente fue dejado en custodia de otro despacho a la espera de que se le asigne un delegado que asuma su conocimiento.

CARGOS QUE HABRÍA

PASADO POR ALTO FISCALÍA

Lo que no se ha investigado por parte de la Fiscalía en contra del ex rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, y que aparentemente habría dejado pasar por alto, en el marco de las investigaciones en su contra por los asesinatos en la Alma Mater, es su presumible vínculo con grupos paramilitares de la región.

El Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo y el Sindicato de Trabajadores Universitarios respaldaron en su momento las declaraciones que aportaron como pruebas a los procesos, familiares de las víctimas y que sirvieron para condenar a los autores materiales de los asesinatos. En esas declaraciones tanto de familiares como de victimarios, se deja entrever una presumible relación entre Caicedo y el paramilitarismo, toda vez que se le señala de haber entregado la lista con los nombres de las víctimas a sus asesinos.

En ese sentido, al ex alcalde Caicedo, según los familiares de las víctimas, debería ser investigado por delitos conexos como, concierto para delinquir, vinculación indirecta con grupos paramilitares, favorecimiento a grupos ilegales por intermedio de la adjudicación de contratos, entre otros

OTROS PROCESOS 

Pero la condición de sub judice en la que se encuentra el ex alcalde Carlos Caicedo Omar, no es solamente por los asesinatos de la Universidad del Magdalena, lo es también ahora por la aberrante corrupción de su administración al frente de la alcaldía de Santa Marta y su actuación como mentor del actual alcalde Rafael Martínez.

Está pendiente de resolución de medida de aseguramiento el proceso que se le sigue el juez Vivas tras la fiscalía haberle ordenado captura a él y Martínez por corrupción en el manejo dela Salud del Distrito y las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de los centros de salud por 6.537 millones de pesos y que el ex alcalde derribó en una actitud “alocada” por figurar ante los medios de comunicación.

En el proceso también están vinculados un ex gerente de la ESE “Alejandro Próspero Reverend” y tres contratistas, por las irregularidades en la contratación de la Avenida Santa Rita, cuyas obras se encuentra paralizadas desde hace tres años.

Al ex alcalde también lo investiga la fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación de la Red de Parques, la Megabiblioteca, entre otros casos, sobre los que se ha informado oportunamente a través de este medio.

 

Acerca de Redacción

Mira también

La E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis ratifica su compromiso con el Medio Ambiente

La E.S.E Hospital Universitario Fernando Troconis, viene adelantando un ciclo de conferencias que apuntan a …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: