Por: Martín Abel Chivatá Negro
Si el propio excanciller confirma que Petro no superó su adicción, el país no puede seguir callando: es hora de que el Congreso actúe.
Álvaro Leyva no escribió una carta, escribió un parte médico y político al mismo tiempo, una confesión tardía. Un testimonio histórico, una advertencia que, si el país tuviera memoria y dignidad, marcaría el principio de un juicio político y moral contra el presidente de la República.
Lo que allí se revela no puede tomarse a la ligera: Leyva, excanciller de Gustavo Petro, afirma con total claridad que el jefe de Estado tiene un problema de drogadicción. No lo sugiere ni lo insinúa, tampoco lo adorna. Lo afirma, con nombre propio, con fecha y lugar. Y lo peor, lo más estremecedor, es que asegura que ese problema jamás fue superado; que el presidente nunca se recuperó.
“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar.” Así lo dice; así lo firma; así lo denuncia. Y eso basta para encender todas las alarmas institucionales. No estamos hablando de un rumor, ni de una vendetta personal; estamos hablando de una confesión directa de uno de los hombres que más cerca ha estado del corazón del poder en este gobierno.
Leyva admite que supo del problema; que fue testigo de comportamientos que lo alertaron; que vio con sus propios ojos lo que tanto se ha negado en público. Y confiesa su culpa por no haber intervenido a tiempo. Pero ya es tarde. El daño está hecho. El silencio de ayer se convirtió en el escándalo de hoy.
Y ahora, el país entero debe preguntarse: ¿qué consecuencias tiene esta revelación? ¿Puede un presidente con una adicción activa continuar ejerciendo sus funciones? ¿Dónde están las instituciones llamadas a velar por la salud mental y física del jefe de Estado? ¿Dónde está el Congreso de la República, el único con la facultad de evaluar una eventual incapacidad presidencial conforme al artículo 194 de la Constitución?
Porque sí, esa es la pregunta que ahora debemos hacernos con urgencia. Si Petro —como asegura su propio excanciller— no ha superado su dependencia, si su juicio se encuentra alterado; si su presencia en actos oficiales es errática y sus ausencias cada vez más frecuentes e injustificadas, entonces estamos ante una situación que compromete la estabilidad de la nación y lo que dicta la ley, en casos de incapacidad física o mental permanente, es claro: debe cesar en el ejercicio del cargo.
Pero hay algo más grave que la adicción, más grave que la omisión, más grave, incluso que el deterioro de quien ocupa la presidencia y es el silencio de los que lo sabían todo y callaron porque Leyva no fue el único. ¿Acaso Gustavo Bolívar no lo sabía? ¿Roy Barreras, Francia Márquez, los ministros que lo han visto llegar tarde, ausente, desconectado? ¿Los congresistas del Pacto Histórico que han justificado cada desliz, cada ausencia, cada momento de extravío? No; ellos también lo sabían y prefirieron callar; fingir; tapar el sol con una consigna ideológica.
Pero ahora no hay cómo disimular. Las palabras están escritas, la verdad fue revelada y lo que el país haga o deje de hacer marcará su historia. Porque esta no es solo una crisis de gobierno; es una crisis de carácter, de liderazgo, de verdad.
Colombia no puede seguir siendo gobernada por alguien que, según su propio excanciller, jamás logró recuperarse de una adicción que afecta directamente su capacidad de discernimiento. La democracia no puede sostenerse sobre el silencio cómplice; la lealtad mal entendida; y el miedo al colapso.
El Congreso debe actuar. No mañana; no cuando el escándalo pase. Debe hacerlo ahora. Porque si no lo hace, si no asume su deber de investigar, de indagar, de evaluar, entonces cargará para siempre con la culpa de haber permitido que un país entero fuera conducido por un hombre ausente de sí mismo.
Petro no se recuperó; y el país ya no puede seguir fingiendo que no lo sabía.
