|Opinión EA| El inquietante silencio de los contadores públicos…

Por: Luis Alonso Colmenares Rodríguez  X: @LColmenaresR


No es un secreto que el sector de la salud en Colombia atraviesa una de sus peores crisis. En el último año, la SuperSalud ha intervenido la Nueva EPS, Sanitas, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar y S. O. S. de Comfandi; además de que EPS Compensar y EPS Sura han solicitado retiro voluntario. Sin embargo, lo que resulta realmente incomprensible es el inquietante silencio de los contadores públicos vinculados a estas entidades: ¿dónde están los contadores públicos que nunca advirtieron nada irregular?

Con ocasión del escándalo de corrupción conocido como “Centros Poblados” expresé la misma preocupación; hoy lo repito: ¿dónde están los profesionales contables que, por mandato legal, deberían velar por la transparencia y veracidad de la información financiera?

En toda EPS operan dos contadores públicos con responsabilidades legales: uno encargado de llevar la contabilidad, preparar los estados financieros y certificarlos junto con el representante legal, declarando que se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en ellos; y otro, el revisor fiscal, con la responsabilidad de dictaminar los estados financieros, expresando su razonabilidad con base en un conjunto de aseveraciones para generar confianza en los inversionistas, el Estado y la sociedad en general.

Pero el silencio de dichos profesionales es más que preocupante; es una falta de responsabilidad que raya en la complicidad.

Los contadores públicos, con su formación y acceso a la información, deberían ser los primeros en encender las alarmas cuando las finanzas de una entidad se tambalean. ¿Por qué, entonces, no hemos visto informes, advertencias o siquiera un comentario de su parte sobre la situación de las EPS antes de que llegaran a este punto de intervención y liquidación?

La respuesta podría estar en una mezcla de desidia profesional y miedo a las repercusiones. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad a quienes, por ley, deben asegurar que las finanzas de las entidades se manejen con la transparencia necesaria. Los contadores y revisores fiscales deben entender que su rol no es solo técnico sino también ético y de servicio público en este sector de la economía.

En tal sentido hago un llamado a mis colegas contadores para que tomen conciencia de la gravedad de la situación. Su trabajo no se limita a llenar de números el proceso contable y la opinión de los estados financieros; también tienen la responsabilidad moral de contribuir a la estabilidad y transparencia del sector salud. Su silencio y falta de acción no solo afecta a las EPS, sino a millones de colombianos que dependen de un sistema de salud confiable y eficiente.

No se trata solo de cumplir con una obligación legal, sino de asumir un compromiso con la sociedad. Los contadores públicos deben ser parte activa en el proceso de vigilancia y control de las entidades de salud. Deben tener la valentía de denunciar irregularidades y poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación que comprometa la viabilidad financiera de las EPS.

Es hora de que los contadores públicos salgan de las sombras y asuman su papel con la seriedad y responsabilidad que la situación demanda. Solo así podremos empezar a restaurar la confianza en un sistema de salud que, hoy por hoy, tambalea peligrosamente.

Por otra parte, es justo preguntar: ¿y qué ha hecho la Junta Central de Contadores como Tribunal Disciplinario del ejercicio profesional de la Contaduría Pública? Porque no es necesario que le llegue una queja para proceder; la Ley 43 de 1990 le faculta para investigar de oficio. Es decir, la función del Tribunal Disciplinario debe ser proactiva y no reactiva para garantizar que la profesión sea ejercida por contadores públicos idóneos y éticos.

En este contexto, también hay que pedir las mismas explicaciones a los contadores públicos de las empresas relacionadas con el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, junto con los funcionarios de las áreas de control interno. Porque, de no haber sido por algunos periodistas que llevaron a cabo las investigaciones con esmero, nunca se hubiera descubierto ese esquema de corrupción que, sacando las cuentas a mano alzada, ya va sumando más de $5 billones.

Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…”

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