Por: Francisco Buenrostro
El pasado jueves se registró un incidente que hizo estremecer hasta al más impasible, cuando la madre buscadora Virginia de la Cruz reclamó a todo pulmón a los diputados y diputadas de Zacatecas, en pleno recinto legislativo, donde se llevaba a cabo un foro sobre el tema de desaparición de personas, que su hijo, de nombre José Alejandro, de tan sólo 21 años de edad, de quien ignoraba su paradero desde el pasado mes de noviembre, llevaba muerto ocho meses, mismo tiempo que estuvo en el Semefo su cuerpo, sin que le informaran a ella nada, dejándola con la angustia y desesperación de no saber qué había pasado con él.
Virginia denunció con evidente y justificado coraje que tuvo que insistir una y otra vez ante las autoridades forenses para que, finalmente, le entregaran el cuerpo de su hijo, enterándose que todo ese tiempo había estado en el mismo lugar, pese a que, aseguró, tenían todas las pruebas e identificaciones necesarias las autoridades para haber, desde hace meses, aclarado la situación, dándole un poco de paz a esta mujer que durante 25 años sirvió como policía en Zacatecas y que, apenas una semana antes de recuperar el cadáver de José Alejandro, había enterrado a su propia madre.
La desgarradora narración de los hechos que a gritos hizo Virginia en el Congreso del Estado dejó a todos los presentes con un nudo en la garganta, con lágrimas contenidas, en algunos casos, y más que evidentes en otros; al detallar como tuvo que, incluso, salir a la calle a pedir dinero para alimentar a sus dos pequeñas nietas, en lo que continuaba con su cruzada en busca de su hijo.
Y es que si de por sí Virginia y las miles de madres buscadoras que hay en todo el país viven un infierno al no saber dónde están sus hijos, el hecho de que un servidor público por ineptitud o, como ella misma lo denunció, franca corrupción, se nieguen a hacer su trabajo, simple y llanamente, hacer la función para la que se les está pagando, es una losa más con la que tienen que cargar y que viene, directamente, de parte de quienes deberían de ayudarles a encontrar a sus seres queridos y no hacerles todavía más difícil su labor.
A todo esto hay que sumarle que de más de 110 mil desaparecidos que había registrados durante el actual Gobierno Federal, se aventaron la puntada de desaparecer a los desaparecidos, reduciendo la lista a sólo doce mil, porque las cuentas las acomodaron a su antojo, lo que, incluso, originó que la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México, Karla Quintana, presentara la renuncia a su cargo por no aceptar ser parte de la farsa.
Esta situación me hizo recordar las palabras de doña Lupita Aguilar, presidenta de Fundej (Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco), a quien cite hace algunas columnas, en palabras que me dijo durante una entrevista para radio, que su mayor temor no era a la muerte, sino a morir sin saber qué le había pasado a su hijo.
Lo más estremecedor es que, al igual que Virginia, son infinidad de casos los que hay a nivel nacional, no sólo en Zacatecas, de mujeres que, además de tener que buscar a sus hijos, enfrentan a una autoridad que no sólo no es empática, sino que pasa de la negligencia a la burla, de la incapacidad al desprecio.
A la fecha, y luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas iniciara una investigación sobre el caso denunciado por Virginia, han sido ya removidas de sus cargos dos personas; sin embargo, mientras las soluciones sean sólo de forma y no de fondo; mientras las políticas en la materia traten tan sólo de simular un apoyo para las víctimas, que no existe en la realidad, continuarán acumulándose expedientes, en los que anotan un número de control, pero cuyos nombres asentados en las actas no tienen ningún significado para los funcionarios, porque no comprenden el dolor de quienes viven sin vivir, de quienes seguirán su búsqueda sin descanso hasta el último aliento.
