La Gobernación del Magdalena ahora sanciona con $500 millones a contratistas que incumplen cronogramas de obras en infraestructura.
La Oficina Jurídica de la Gobernación del Magdalena ha impuesto una multa de $500 millones a contratistas que no cumplieron con los cronogramas de obras en infraestructura educativa, de salud, vías, acueductos y alcantarillados. Además, se están tramitando otras sanciones que podrían llegar hasta los mil millones de pesos. Esta medida busca “frenar las excusas y dilaciones que algunos contratistas han presentado, afectando el avance de proyectos cruciales para el departamento”
En lo que ellos ‘aseguran’ más de 300 frentes de obras dejados en ejercicio por su líder y exgobernador Carlos Caicedo, el gobernador actual, Rafael Martínez, ha sido enfatico en que no tolerará incumplimientos. “O cumplen o se quiebran a punta de multas y sanciones”, advirtió Martínez.
Manuel Otero, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento, explicó que se están adelantando trámites administrativos sancionatorios contra los contratistas responsables de proyectos como la construcción de la vía terciaria Bodega-Palmor, las placas huella en los corregimientos de Palmor, Central Córdoba, la Aguacatera en la Sierra Nevada, y la reposición de redes comunales de acueducto y alcantarillado en Santa Marta, entre otros. “Actualmente tenemos diez procesos sancionatorios administrativos de obras, cuyas multas oscilan entre los $500 millones, como la ya impuesta, hasta los mil millones de pesos”, detalló Otero.
Sin embargo, esta estrategia de la Gobernación ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores, que señalan un historial de obras inconclusas y cronogramas de cumplimiento dudoso en sus anteriores periodos de mandato. La preocupación es que, a pesar de las sanciones, persistan los retrasos y la falta de transparencia en la ejecución de los proyectos.
A pesar de estas promesas, la comunidad sigue vigilante y crítica, esperando que las medidas anunciadas se traduzcan en mejoras concretas y no en más promesas incumplidas. La credibilidad de la Gobernación siempre ha estado en juego.
