Redacción: Camila Mendoza
La Ley 2345 de 2023 busca unificar la imagen de las entidades estatales y promover la austeridad en la publicidad. Sin embargo, la Gobernación del Magdalena sigue usando los colores del movimiento político Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo, quien hoy tiene como Gobernador a Rafael Martínez, poniendo en entredicho la implementación de esta normativa.
En el 2023, el gobierno colombiano promulgó la Ley 2345, conocida popularmente como “Chao Marcas de Gobierno”. Esta ley, iniciativa de la senadora Angélica Lozano, tiene como objetivo central unificar la imagen de las entidades estatales y prohibir el uso de marcas de gobierno individuales, promoviendo así una identidad institucional clara y coherente a nivel nacional. Adicionalmente, la ley busca instaurar medidas de austeridad en la publicidad estatal, eliminando gastos superfluos y enfocando los recursos en necesidades esenciales.
Sin embargo, en la práctica, la implementación de esta ley enfrenta desafíos significativos, como se evidencia en el departamento del Magdalena. La Gobernación del Magdalena, no ha cumplido completamente con las directrices de la Ley 2345. Un claro ejemplo de esta resistencia es el persistente uso de colores naranjas y sus degradados, característicos de Fuerza Ciudadana, en la página web oficial de la Gobernación.
Un análisis detallado del sitio web de la Gobernación revela una falta de actualización en el apartado de gabinete, donde no se especifica claramente quién es responsable de cada dependencia. Esta falta de información puede interpretarse como una señal de la lentitud o ineficacia en la implementación de la nueva normativa.
La persistencia de estos colores partidistas no solo desafía la unificación visual que promueve la ley, sino que también cuestiona el compromiso del gobierno departamental con la austeridad en la publicidad estatal.
La Ley 2345 representa un esfuerzo significativo para mejorar la transparencia y la eficiencia en la comunicación gubernamental. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la voluntad y la capacidad de las administraciones locales para adaptarse a las nuevas normas. En el caso del Magdalena, parece que este proceso de ‘cambio’ aún enfrenta obstáculos importantes, dejando en claro que la transición de la teoría a la práctica puede ser más compleja de lo anticipado.
