Redacción: Camila Mendoza X: @camilala_mdz
José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, advierte sobre la grave situación de violencia y control territorial por parte de grupos armados ilegales en Colombia, afectando especialmente a comunidades étnicas y Juntas de Acción Comunal.
En una reveladora columna de opinión titulada “Seducción, violencia y dominación territorial”, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y miembro del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, expone la alarmante situación de violencia y control territorial por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Basándose en un informe del International Crisis Group (ICG), Lafaurie describe cómo estas organizaciones utilizan una combinación de “seducción y violencia” para mantener su dominio sobre vastas áreas del país, afectando gravemente a las comunidades locales.
Según el ICG, aproximadamente el 15% de la población colombiana vive en zonas no efectivamente administradas por el Estado, sino controladas por grupos armados ilegales. Estos grupos, aprovechándose del abandono estatal, implementan estrategias que incluyen la provisión de obras públicas, regalos y empleos ilícitos para ganar apoyo local. Sin embargo, esta “seducción” es rápidamente seguida por tácticas de terror, como el reclutamiento forzado, abuso de menores y eliminación de “indeseables”, generando desplazamientos y confinamiento de comunidades enteras.
Lafaurie subraya que las comunidades étnicas y las Juntas de Acción Comunal son los principales objetivos de estos grupos debido a su control sobre extensas áreas ricas en recursos naturales y su influencia en la contratación de obras públicas. Estas comunidades, a menudo protegidas y financiadas por el gobierno, están siendo instrumentalizadas por los grupos ilegales para facilitar sus actividades delictivas.
El dirigente gremial también cuestiona la gestión de recursos destinados a estas comunidades. Entre julio de 2023 y abril de 2024, se firmaron más de 2,200 convenios solidarios por un valor de $257,537 millones con Juntas de Acción Comunal, lo que plantea dudas sobre el destino final de estos fondos en regiones controladas por grupos ilegales. Además, la Comisión de Regalías del DNP aprobó en octubre de 2023 una fórmula de asignaciones directas para minorías étnicas, representando $220,000 millones para 2023-2024.
Lafaurie plantea serias interrogantes sobre el control fiscal y el uso de estos recursos en entornos dominados por grupos armados. También destaca el hecho de que el 49% de la coca en Colombia se cultiva en zonas de manejo especial, incluyendo parques nacionales y resguardos indígenas, muchas veces bajo el control de comunidades coaccionadas por narcoterroristas.
En su columna, Lafaurie concluye con una advertencia sobre el riesgo de “balcanización” del país, sugiriendo que el control territorial de los grupos ilegales podría extenderse a otras regiones, comprometiendo la soberanía nacional y la estabilidad de Colombia como república.
