Redacción: Katia Vásquez
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El Juzgado Séptimo Penal Municipal desestimó las acciones de ProRodadero, avalando la terminación del convenio por parte de la Alcaldía de Santa Marta debido a presuntas irregularidades financieras y administrativas en El Rodadero.
El pasado 9 de junio se hizo pública la resolución del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Santa Marta, la cual desestimó las acciones legales interpuestas por ProRodadero en un intento por recuperar el control sobre la gestión de bienes públicos en El Rodadero. Esta decisión se produce tras la terminación del convenio entre la Alcaldía de Santa Marta y la ONG ProRodadero, debido a presuntas irregularidades administrativas y financieras.
Contexto del convenio y su terminación
Desde 2018, ProRodadero estuvo a cargo de los servicios sanitarios en El Rodadero, una función otorgada sin una regulación estricta, lo que permitió que la entidad también gestionara el comercio en la zona. Sin embargo, a principios de junio de este año, el secretario de Gobierno, Camilo George, anunció que la administración de Carlos Pinedo había decidido retomar el control de esta área tras descubrir numerosas irregularidades.
El informe solicitado a ProRodadero reveló serias violaciones a la normativa laboral, incluido el impago de la seguridad social de sus empleados, así como inconsistencias financieras significativas. A pesar de haber recibido alrededor de $2.000 millones por los servicios de baños públicos, la entidad no presentó cuentas claras de estos fondos, alegando que se habían utilizado en “capacitaciones”. Este manejo opaco de los recursos llevó a la Alcaldía no solo a terminar el contrato, sino también a iniciar acciones legales contra los responsables.
Respuesta y decisión judicial
En respuesta, ProRodadero, representada por su directora legal Zunilda Galván, presentó una acción de tutela contra la Alcaldía, Indetur y la Secretaría de Desarrollo Económico. Alegaron que la terminación del contrato había violado el debido proceso y que la entidad tenía la competencia para gestionar los bienes públicos. Además, criticaron la rapidez con la que se tomó la decisión tras la presentación del informe, afirmando que solo se tardaron 30 minutos en revisarlo.
El juez encargado del caso rechazó estas pretensiones, argumentando que la tutela no era el mecanismo adecuado ya que no se violaba ningún derecho fundamental y que las controversias debían resolverse en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, destacó que la terminación del contrato no representaba un perjuicio irreparable ni una amenaza urgente a los derechos de los ciudadanos, dado que otros proveedores también prestaban el servicio de baños públicos en la zona.
Futuro de El Rodadero
A pesar de la resolución judicial desfavorable para ProRodadero, la administración distrital reafirmó su compromiso de continuar con las acciones de recuperación integral de El Rodadero. Esta sentencia de primera instancia marca un paso importante en la lucha por la transparencia y la correcta gestión de los bienes públicos en Santa Marta.
