El indiciado se encuentra privado de la libertad en la Estación Norte del Centro Histórico de Santa Marta
El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Santa Marta presidirá este miércoles una audiencia de imputación y medida de aseguramiento que se sigue al empresario Vicente Oliva Gómez, recientemente capturado tras ser implicado en el homicidio de Haled Saghair, ocurrido en el año 2019.
Para el abogado penalista Alex Fernández Harding, apoderado del indiciado, el proceso judicial se reactivó después de 5 años tras una solicitud de orden de captura de la Fiscalía a un Juzgado Municipal de Chibolo, careciendo de argumentos jurídicos que justifiquen privarlo de la libertad.
“El único propósito que tiene la Fiscalía es dar resultados mediáticos, y por eso ha decidido ir a un municipio distante de donde sucedieron los hechos para solicitar una orden de captura a un juez que no es especialista en derecho penal y, de igual manera, liberar una orden de allanamiento sin una orden judicial previa con el único objetivo de presentar resultados con una persona inocente”, expresó el jurista.
Durante las 9 horas que duró el proceso de legalización de la captura de Vicente Oliva Gómez, quien anteriormente se identificaba como Allan Scalzo, le incautaron una pistola en una diligencia de allanamiento. Fernández Harding argumentó que el arma de fuego contaba con el permiso de porte y tenencia.
“Demostré en la audiencia los distintos amparos legales que defienden la legalidad del arma que le fue incautada, así como de los distintos cartuchos de municiones hallados durante el allanamiento que están amparados y legalizados ante Indumil”, afirmó.
El profesional del derecho insistió en que su representado acudió voluntariamente en reiteradas oportunidades a la Fiscalía para someterse a cualquier requerimiento judicial.
El nuevo capítulo de esta novela se definirá con la decisión que adopte el Juez Primero Municipal respecto al futuro judicial de Vicente Oliva.
