Por: Juan Pablo Sánchez
Escuela Libertad
El gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un problema de amigos: aquellos que alguna vez fueron sus más fervientes seguidores, hoy se han convertido en sus críticos (algunos) sobre todo los que no han recibido contratos. La Minga indígena del CRIC, que se concentró en el Parque Bicentenario de Bogotá, amenaza con movilizarse si no son escuchados. A simple vista, sus reclamos parecen legítimos, pero ¿es realmente así?
Los líderes indígenas exigen territorios que, según ellos, les pertenecen por títulos coloniales, recordemos que las comunidades indígenas cuentan con 35 millones de hectáreas alrededor del país. Sin embargo, estos territorios al ser declarados baldíos han sido entregados a campesinos y comunidades afrodescendientes. ¿Qué hay detrás de esta disputa? Algunos ven en estos reclamos una estrategia para ampliar su control sobre tierras, donde presuntamente proliferan los cultivos de coca. El territorio es poder, y en muchas zonas, poder significa dominio sobre la economía lícita o ilícita. Hoy en las 35 millones de hectáreas de las tierras de indígenas está el 10% de la coca del país.
Además, exigen la firma del decreto ATEA que busca entre otras cosas “la liberación de la pacha mama” que en últimas podría traducirse en quitarle la tierra al “hombre blanco opresor”. Por otra parte, también solicitan que se avance en la “Paz Total” con respeto a su autonomía. No obstante, es difícil ignorar que en varias regiones, las comunidades indígenas han sido tolerantes y guardan silencio con grupos armados ilegales que se benefician de la coca. El control del territorio por parte de los indígenas podría, en algunos casos, ser un eufemismo para mantener o expandir la producción de este cultivo.
El desencanto con Petro es evidente. Pero, más allá de las demandas por territorio y autonomía, no podemos perder de vista que, en la Colombia actual, el control de la tierra está ligado a intereses económicos que trascienden lo legal. Las movilizaciones de la Minga, en este contexto, podrían ser vistas no solo como un grito por justicia, sino como un intento de consolidar un poder que va más allá de sus derechos ancestrales.
Petro, en su afán de quedar bien con todos, se encuentra ahora atrapado entre sus promesas de campaña y la realidad. Mientras tanto, la Minga continúa, exigiendo más de lo que quizá le corresponde y poniendo en jaque a un gobierno que parece haber perdido el rumbo y ahora no sabe a quién cumplirle. La verdadera pregunta es: ¿estamos ante un legítimo reclamo por derechos ancestrales o ante una estrategia encubierta para perpetuar un modelo económico basado en el narcotráfico?
