El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, alertó sobre lo que considera una maniobra expropiatoria del gobierno nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Según denuncian los productores, los nuevos avalújos catastrales han disparado el impuesto predial rural, poniendo en jaque la viabilidad económica de muchas fincas ganaderas.
«Nos están obligando a vender el ganado para pagar impuestos»
Lafaurie explicó que el reajuste del avalúo catastral, base para la liquidación del impuesto predial, se ha elevado de manera desproporcionada en regiones como Cesar y Córdoba. «El gobierno está implementando un catastro catastrófico, que arrincona a los productores para que vendan sus tierras», advirtió.
El dirigente gremial recordó que, según la normatividad vigente, la actualización de los avalújos catastrales es competencia del IGAC o de agentes catastrales delegados. Sin embargo, la Ley 2294 de 2023 otorgó al gobierno la facultad de aplicar metodologías de «actualización masiva», permitiendo ajustes automáticos de avalújos que han derivado en aumentos excesivos del impuesto predial.
La Ley 2294 de 2023: una amenaza para la propiedad privada rural
Según Lafaurie, esta legislación impulsada por el gobierno de Gustavo Petro representa un «atentado contra la libertad de emprendimiento rural», pues no solo impone criterios obligatorios de ordenamiento territorial con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, sino que también dificulta la defensa jurídica de los propietarios de tierra en procesos de expropiación.
Los efectos de una política catastral sin precedentes
Lafaurie alertó que los aumentos drásticos en los avalújos catastrales no solo afectan a los ganaderos de Cesar y Córdoba, sino que se extenderán a todo el país. «En Sucre, hay casos de predios que pasaron de un avalúo de 500 millones a 2500 millones de pesos, lo que implica un salto en el impuesto predial de cinco a 25 o 30 millones de pesos anuales», denunció.
El presidente de Fedegán concluyó que este «catastro catastrófico» es una amenaza latente para la estabilidad económica del sector agropecuario y una medida que podría transformar el mapa de la propiedad rural en Colombia bajo lo que considera una «truculenta modalidad de reforma agraria expropiatoria».
