La Administración Distrital investiga a varios funcionarios por presunta falsificación de certificados de tradición y libertad en solicitudes de retiro parcial de cesantías.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, ha iniciado un proceso de investigación disciplinaria contra un grupo de funcionarios administrativos adscritos a la Secretaría de Educación. Este proceso, que involucra a Ana María Noya García, José Hilario López De La Cruz, Jimmy De Jesús Coronado Bastidas, José Manuel Miranda Avendaño, Hipólito Bautista Rangel Buitrago, Luis Emilio Perea Labastidas, María Teresa Rada Jiménez, Martha Ligia Balaguera Suescun y Humberto Enrique Cortés Mejía, surge a raíz de la presunta falsificación de certificados de tradición y libertad presentados en sus solicitudes de retiro parcial de cesantías.
Investigación en curso
El proceso disciplinario, ordenado mediante auto expedido el 8 de agosto de 2024, tiene como objetivo esclarecer la presunta falsificación de documentos, una falta que, de confirmarse, podría constituir una grave transgresión de las normas disciplinarias establecidas en la Ley 1952 de 2019, también conocida como el Código General Disciplinario. Según el Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, durante la revisión de los actos administrativos relacionados con el retiro parcial de cesantías, se identificaron posibles irregularidades en los certificados presentados por los mencionados funcionarios.
Garantía del debido proceso
Como parte de este proceso, se ha ordenado la recopilación de pruebas que permitan determinar la veracidad de las acusaciones y la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados. Esta etapa es crucial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados. La investigación busca no solo determinar si hubo una conducta constitutiva de falta disciplinaria, sino también esclarecer las circunstancias que rodearon los hechos y el posible perjuicio causado a la administración.
La comunidad samaria y la opinión pública están atentas al desarrollo de esta investigación, que pone en evidencia la firmeza de las instituciones locales en la lucha contra posibles actos de corrupción y la salvaguardia de los principios de transparencia y legalidad en la gestión pública.
