“Es hora de hablarlo”

“Esta no es una discusión de religión o política, esto es un grave problema social, económico y de oportunidades, ¿hasta cuándo, por cuenta de una discusión sectaria, vamos a seguir condenando a nuestras niñas a vivir una vida de pobreza?”.  

Emiro J. Castro Meza.

2.347 nacimientos hubo en el primer semestre de 2020 en nuestro país, una cifra que podría generar alegría si solo habláramos de los niños, pero lo pavoroso de esta cifra es que las madres de esos niños son adolescentes entre los 10 y 14 años de edad. Hay que llamar las cosas por su nombre, esto es violación. Esta situación se vuelve mucho más preocupante si sumamos los 60.699 bebes que dieron a luz mujeres entre los 15 y 19 años en el mismo periodo en Colombia.

En América Latina y el Caribe, cada año 1,5 millones de mujeres menores de 19 años dan a luz, lo que posiciona a la región en el segundo puesto en el ranking de embarazos de adolescentes en todo el mundo. Cuando una niña se convierte en madre a tan corta edad no solo debe sufrir el dilema de un embarazo, sino también una vulneración tajante de sus derechos sexuales y reproductivos. Para la ONU, estos embarazos son consecuencia directa del limitado acceso a métodos anticonceptivos, violencia sexual y de género y por supuesto, falta de educación sexual y de acceso a la información.

Solo en Colombia, el 91,5% de los embarazos en menores de 19 años, se da en madres que su tasa de escolaridad no supera el bachillerato, esta cifra desciende considerablemente al 8,5% en mujeres que alcanzan un grado de técnico, tecnólogo o profesional, lo que evidencia una relación directa entre la falta de oportunidades educativas y laborales, con el embarazo a temprana edad. Según la UNFPA, en nuestro país el 29% de las madres adultas tienen posibilidades de alcanzar un titulo de educación superior, mientras que solo el 12% de las madres a temprana edad pueden superar una educación básica.

Muchas de esas niñas y adolescentes que desean postergar o evitar el embarazo no pueden hacerlo, porque son mujeres pobres, de comunidades indígenas, campesinas en zonas rurales y marginadas del país, en las que no tienen ni los medios ni la información necesaria tomar una decisión consciente sobre el embarazo. Son obligadas por las circunstancias a quedar en embarazo, por el desconocimiento y la falta de oportunidades; como si la vida de estas pequeñas mujeres se resumiera en parir, como si su función en la vida no fuera importante, como si lo que pueden llegar a aportar a la sociedad no fuese relevante.

Y ese punto de lo relevante y de lo que se privan las mujeres que quedan en embarazo a temprana edad, es quizá una de las más graves consecuencias para el país. El costo de oportunidad, como se le suele llamar a estas estadísticas, indica que el embarazo adolescente nos cuesta 0,58% del PIB, unos $1,754 millones de dólares al año. Esto porque el embarazo de una adolescente es más costoso al sistema de salud y porque condenamos a la mayoría de esas niñas a una vida carente de oportunidades.

Esto es suficiente para que dejemos de romantizar este discurso, es una situación que requiere acción urgente y alejada completamente de las discusiones de enaguas que desdibujan la necesidad de una verdadera educación sexual en los colegios, el embarazo adolescente nos cuesta mucha plata y esa es la que nos hará falta para salir de la recesión que nos deja la pandemia.

El embarazo adolescente se asocia inmediatamente con el abandono y/o menor rendimiento escolar, un nivel educativo bajo limita las oportunidades laborales, lo que implica una menor participación de las mujeres en el mercado laboral formal, menores salarios y falta de acceso a oportunidades; en suma, la mayoría de esas niñas terminan dedicando sus vidas al trabajo doméstico, agobiadas por una vida llena de hijos y con sueños frustrados, viendo la vida pasar entre las dificultades y sin ningún asomo de mejora.

El costo de oportunidad para el país es demasiado alto, la falta de acceso al mercado laboral de estas mujeres cuesta alrededor de USD $500 millones al año, la brecha en relación al ingreso laboral cuesta unos USD $1,200 millones al año, todo esto sumado a un aumento del desempleo provoca que debamos sacar de donde no tenemos para suplir estas pérdidas, pero además, como todo esto es una cadena si no trabaja o le pagan mal se baja el recaudo de impuestos porque la capacidad de adquisición se reduce, el Estado deja de percibir cerca de USD $60 millones al año, solo por no cobrar IVA, es decir, vamos perdiendo por punta y punta.

Lo más preocupante es que esta es una situación que se puede corregir, así como lo han hecho muchos otros países. EE.UU. por ejemplo, logró reducir el embarazo adolescente un 20% en 3 años en todos los grupos raciales, con una campaña de uso adecuado de anticonceptivos y acceso gratuito a los mismos. Pero aún en Colombia nos escandalizamos cuando a nuestros niños, niñas y adolescentes se les quiere hablar de como se usa el condón, las pastillas anticonceptivas y del aborto.

Esta no es una discusión de religión o política, esto es un grave problema social, económico y de oportunidades, hace pocos días la ONU dijo que “el embarazo adolescentes es una fabrica de pobres en América Latina” y, aunque suene duro, las cifras así lo demuestran. El embarazo en una adolescente puede compararse con una condena a la miseria, a una vida de escasez y por supuesto, lo mismo sucederá con el hijo que traiga al mundo ¿hasta cuándo, por cuenta de una discusión sectaria, vamos a seguir condenando a nuestras niñas a vivir una vida de pobreza?

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