Redacción: ElArtículo.co
Una cadena de información falsa fue la que se generó luego que la Procuraduría General de la Nación, le enviara una misiva al gobernador del Magdalena, por la forma en como estaba desarrollando la entrega de las ayudas humanitaria para contribuir con la cuarentena y evitar la propagación del Covid-19.
En las redes sociales, los contratistas y hasta funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía de Santa Marta, empezaron a circular mensajes en los que denigraban del accionar legal y constitucional de la Procuraduría, sin embargo, la supuesta prohibición que alegan le fue impuesta al gobernador Carlos Caicedo de no entregar las ayudas humanitarias resultó ser una absoluta falsedad.
De acuerdo con el documento firmado por el procurador Jorge Escobar Silebi, lo que se le solicitó al mandatario Departamental, fue que en aras de cumplir con las medidas que se vienen adoptando para conjurar la propagación del Covid-19, se le recomendó que evitara el traslado masivo de funcionarios y personas para realizar las entregas de las ayudas, incluso se le puso de presente que las entidades territoriales como las Alcaldías debían estar articuladas con la gobernación de tal manera que las ayudas fuera realizadas con la logística pertinente que evitará las aglomeraciones. Por ejemplo la coordinación gobernador-Alcalde para entregar los mercados puerta a puerta.
De igual forma, el ente de control disciplinario lo que buscó con la recomendación al Gobernador Caicedo, es proteger los bienes jurídicamente tutelados, en este caso la salud de los Magdalenenses.
Lo que se desprende entonces es que no existe tal prohibición ni mucho menos existe algún abuso del Procurador Ambiental Jorge Escobar, lo que si hubo fue un llamado para que los Magdalenenses tengan todas la garantías para recibir las ayudas humanitaria sin correr el riesgo de ser contagiados con el coronavirus.
