Una realidad que contradice los anuncios
La Gobernación del Magdalena, bajo la herencia política del desaparecido partido Fuerza Ciudadana, anunció con entusiasmo que en 2025 el Programa de Alimentación Escolar (PAE) distribuiría más de 10 millones de raciones para 135.000 estudiantes en todo el departamento. Sin embargo, documentos internos y advertencias de la propia Oficina del PAE revelan un panorama muy distinto: el programa podría quedarse sin recursos para garantizar la alimentación en lo que resta del calendario escolar.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad en las instituciones educativas es alarmante. Mientras se celebran cifras en ruedas de prensa, los directivos de colegios y las asociaciones de padres temen un inminente desabastecimiento que afectaría a miles de niños y niñas, cuyo único plato de comida seguro al día depende del PAE.
Los problemas estructurales del programa
Los inconvenientes no son nuevos. Desde mayo de 2025, el PAE en el Magdalena arrastra errores jurídicos, técnicos y financieros que no han sido corregidos pese a la realización de al menos seis mesas técnicas con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y la Unidad de Alimentación Escolar (UAPA).
Fuentes oficiales consultadas confirmaron que, en cada una de estas reuniones, el Gobierno nacional exigió a la administración departamental subsanar inconsistencias en los contratos, la planeación presupuestal y la logística de operación. Sin embargo, la Gobernación no ha logrado dar respuesta efectiva, lo que ha generado retrasos y el riesgo de una parálisis total.
Expertos en políticas públicas advierten que la falta de ajustes podría derivar en sanciones y en la imposibilidad de ejecutar los recursos disponibles, comprometiendo la atención alimentaria de miles de estudiantes en los meses restantes de 2025.
Entre la propaganda y la incertidumbre
El contraste entre los anuncios oficiales y los hallazgos técnicos revela una estrategia política de maquillaje de cifras que recuerda otros episodios de improvisación en el Magdalena. Para la ciudadanía, el riesgo es tangible: sin PAE, los estudiantes más vulnerables quedarían desprotegidos, lo que impactaría directamente en su nutrición, su asistencia escolar y su derecho a la educación.
La investigación muestra un patrón: mientras la Gobernación se esfuerza en posicionar titulares de éxito, la realidad administrativa y presupuestal apunta a un posible colapso del programa antes de que termine 2025.
Lo que está en juego no son simples números, sino la seguridad alimentaria de 135.000 niños y niñas del Magdalena, que podrían pasar de la promesa de 10 millones de raciones a enfrentar aulas vacías de comida.
