“Al igual que ellos, los seis de Puerto Santander, los tres indígenas Awá, los cinco de El Caracol, los cinco de El Tambo, los tres de Venecia, los otros tres del Catatumbo y quien sabe Dios cuántos más, todas estas masacres u homicidios colectivos tienen un solo objetivo, repetir el mensaje de la década de los 90 y 2000: los violentos tienen el poder”.
Emiro J. Castro Meza.
Este año ha sido realmente doloroso en Colombia. Los casi 19 mil muertos a causa del Coronavirus son cifras más en el estupor de una pandemia desgastada por las noticias, la saturación de los ciudadanos y el encierro colectivo que, para bien o para mal, ha logrado que la gente se “concientice” y entienda que esta es una enfermedad letal y que sus muertos no son culpa de nadie. Sin embargo, el último mes han sido otras muertes las que han sacudido la cotidianidad del registro de cifras en nuestro país.
Lastimosamente, pareciera que esta pandemia ha guardado también a la autoridad, pero en realidad lo que ha demostrado es que la fuerza pública sufrió un revés muy grande en su capacidad operativa, militar, de inteligencia y contrainteligencia en el gobierno Santos y sobre todo durante la negociación del Acuerdo de Paz. Después de la desmovilización de las FARC, en las zonas donde están ocurriendo los hechos más violentos, se creó un vacío de autoridad que no pudo llenar el Estado a tiempo y que fue tomado por las bandas criminales y grupos organizados y residuales para ejercer el control territorial sobre el negocio del narcotráfico.
Hace varios años ya, cuando vivía en El Difícil, Magdalena, fueron muchos los hechos violentos que ocurrieron, pero muy pocos los que lograron quedarse en el imaginario colectivo de ese pueblo; por ejemplo: Andrés Palmera, ex alcalde de Ariguaní asesinado en 1999 por orden de Jorge 40, por lo que denominaban los paramilitares en esa época “desacuerdos políticos”; Sixta Teherán Inspectora de Policía de El Difícil, asesinada a finales de 2003 por paramilitares, en la puerta de su casa frente a su madre por “desacuerdos en las ordenes” ; y Orlando Castro, ex personero de Sabanas de San Ángel torturado y asesinado también por orden de los paramilitares, por abrir un proceso en contra de una Alcaldesa afín a este grupo armado. Al igual que ahora, en la escalada de masacres que vive el país, son muy pocos los muertos que impactan, porque el fin de esas muertes es solo uno: dejar claro el mensaje de que los violentos tienen el poder.
Al final, lejos de la discusión semántica, antes de ser simples números fueron niños, jóvenes, hijos, padres, madres, hermanos, todos colombianos.
Masacres u homicidios colectivos. Para la ONU y otros organismos internacionales si en un mismo acto delictivo mueren más de tres es una masacre; para el gobierno, desde la Presidencia de Pastrana, si en un mismo hecho pierden la vida cuatro o más personas es un homicidio colectivo para diferenciarlos de los individuales y llevar un “registro ordenado” en el libro blanco de las muertes en Colombia. Al final, lejos de la discusión semántica, antes de ser simples números fueron niños, jóvenes, hijos, padres, madres, hermanos, todos colombianos.
Álvaro Caicedo y sus cuatro amigos de entre 14 y 16 años asesinados en Cali, Sebastián Quintero y otros siete jóvenes que no superaban los 26 años asesinados en Samaniego, Cristian Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, asesinados a quemarropa por llevar una tarea al colegio e incumplir un toque de queda impuesto por las Autodefensas Gaitanistas en Nariño. Al igual que ellos, los seis de Puerto Santander, los tres indígenas Awá, los cinco de El Caracol, los cinco de El Tambo, los tres de Venecia, los otros tres del Catatumbo y quien sabe Dios cuantos números más, todos estas masacres u homicidios colectivos tienen un solo objetivo, repetir el mensaje de la década de los 90 y 2000 que se manejaba en El Difícil y en gran parte de Colombia “los violentos tienen el poder”.
86 jóvenes asesinados en las últimas 10 semanas y más de 40 en el último mes.
Pero algo no está cuadrando en estas cifras, los hechos de violencia colectiva que han cobrado la vida de más de 40 jóvenes este mes, que consolidan la cifra de 86 asesinados en los últimos tres meses en el país, se han registrado, en su mayoría, en zonas afectadas históricamente por grupos ilegales como el ELN, EPL, y los reductos de los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), que compiten por el control del narcotráfico o la explotación ilegal de oro, que por la bonanza internacional, ahora su negocio es más peleado que el de la Coca. Pero estos territorios en particular, Cauca, El Catatumbo y Nariño, es donde más presencia militar hay.
¿Qué sucede entonces? ¿Será que el Estado no ha logrado en estos dos años de gobierno recuperar la confianza de la ciudadanía en la fuerza pública y sigue acuartelada sin fortalecer las redes de informantes?, ¿será que esta es una nueva forma de violencia y el gobierno no ha logrado entenderla y descifrar como combatirla? O ¿pretendieron cambiar la estrategia en la lucha contra los grupos armados y ya es hora de decir, no funcionó?
Lo único claro es que los violentos están logrando su cometido, usando la misma estrategia, será muy difícil desdibujar esa imagen si no se logran golpes contundentes a las estructuras criminales, si la fuerza pública no recobra su posición en esos territorios y el Estado no logra llegar allá con fuerza e inversión social para recuperar los espacios que perdió en el último gobierno de Santos. El cambio en la estrategia de relacionamiento con las comunidades es urgente, la fuerza publica debe salir de los cuarteles, el gobierno debe regresar a las regiones, sobre todo entendiendo que el Estado no se compone solo de soldados y policías. La autoridad democrática se circunscribe a la educación, la salud, el empleo y la gobernabilidad.
