EL CASO VENEZUELA: LA CRISIS MIGRATORIA II PARTE

Sin ánimo de ser peyorativo, a falta de un eufemismo adecuado, en el caso de la crisis venezolana la diplomacia ha sido muy estéril. El motivo de tal aseveración radica en un principio cardinal del Derecho Internacional que es el de la “igualdad jurídica de los Estados”, lo cual hace que por ejemplo una Isla-Estado cuya población no supere los Cien mil habitantes (Dominica, tiene 71.000 habitantes;  Antigua/Barbuda, tiene 92.000; St. Kitts, tiene 46.000; las tres en su conjunto no llegan a superar la población de Santa Marta);  tenga el mismo peso al momento de votar una Resolución que el de una nación con una población superior a los cien millones de personas.

De allí que las organizaciones internacionales integradas por Estados, es decir por los gobiernos que los representan, como el caso de la OEA, se conviertan en foro donde las deliberaciones casi siempre culminan en la nada por el esquema de funcionamiento aplicado donde “un Estado un voto”, mecanismo garantista de la democratización del sistema internacional, pero que igualmente puede ser manipulable, condición perfectamente entendida por el gobierno de Venezuela en su visión geopolítica. Por ende, ha utilizado al petróleo como arma disuasiva, logrando alcanzar el apoyo de varias Islas-Estado, y así su consecuente voto; impidiendo de esa manera el surgimiento en el seno de la OEA de resoluciones desfavorables a sus intereses.

Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos, verdaderos maestros en el juego de la geopolítica y de accionar pragmático, comprenden que el caso venezolano no puede ser sometido exclusivamente a los vericuetos del manejo diplomático y por tanto se acogen a la agresiva, certera y muy eficaz estrategia de las sanciones.

Los gobiernos de la región, es decir el “Grupo de Lima”, deben dejar de un lado la retórica diplomática y pasar de inmediato a las acciones, adoptando de una vez la postura norteamericana. La crisis migratoria venezolana tiende a desestabilizar, por no decir arrastrar, las economías locales. Colombia, Ecuador y Perú sufrirán con rigor el impacto del éxodo venezolano. Luis Almagro, en su condición de Secretario General de la OEA, por sí solo no puede hacer frente a las consecuencias de la diáspora, por las condiciones de funcionamiento que delinean al sistema internacional.

Es imperante que los gobiernos de la región comiencen a implementar medidas de presión: reducir al mínimo las relaciones diplomáticas, exigir la desinstalación inmediata de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, órgano que termino por acabar con el último vestigio de democracia en la nación venezolana; sancionar visas y congelar activos extranjeros de los principales miembros de la administración venezolana, todos funcionarios corruptos miembros de una Cleptocracia. Por otra parte se debe apelar a instituciones internacionales, la ONU principalmente,  para que ayuden a hacer frente a la migración de venezolanos, mediante el aporte de un fondo monetario que coadyuve a solventar un poco la capacidad asistencialista de los países receptores de migrantes;  y solicitar además al gobierno de Donald Trump la entrada de refugiados venezolanos a Estados Unidos.

Por otra parte, más allá  del apremio que se tenga por conseguir un nuevo rumbo para Venezuela, todo cambio de gobierno debe ser constitucional, legitimo, pacifico, pero  sobre todo electoral. Los pueblos tienen el derecho a auto determinar su destino, por tal razón, y más como venezolano que soy, se debe rechazar plena y absolutamente cualquier solución o intervención militar. Dr. Almagro, por favor no se deje superar por el escenario, la prudencia es una valiosa virtud.

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